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Minera Gorrión se ha propuesto invertir 1,100 millones de dólares para extraer estos minerales en 14.5 años en Ixtacamaxtitlán, pero su población se opone por el daño ambiental que significaría.
PUEBLA, Puebla.- Un olor a tierra húmeda atraído por ligeras rachas de viento invade el pueblo. El calor matutino apenas levanta el frío del amanecer que parece esconderse entre las sombras de un puñado de casonas de piedra y techos de teja, donde los gorriones trinan y revolotean.
Serán apenas siete calles urbanizadas, seguidas de algunos campos de cultivo y, más allá, pequeños montoncitos de caseríos que blanquean entre el paisaje, en medio de cerros verdeados por la temporada de lluvias que comienza, ahí se encuentra Ixtacamaxtitlán.
“Algunos le llaman San Francisco, por su santo patrón, pero en realidad su nombre es Ixtacamaxtitlán a secas, igual que el municipio al que le da nombre”, suelta Agustín Rodríguez, un campesino de unos sesenta años y pelo entrecano, pero cuya postura corporal pareciera la de un hombre entrado en los treinta.
“Este es el poniente”, explica con voz recia mientras mira de frente a la presidencia municipal. “De este lado queda el norte y para aquel otro el sur”, señala utilizando el brazo derecho para apuntar hacia uno y otro lado. “Y la mina queda allá por el lado de donde vinieron”, refiere Agustín, indicando el noroeste, mientras mira al entorno con dejo de molestia.
A dos horas y media de camino de la ciudad de Puebla, en el centro de México, luego de subir y bajar un camino que serpentea las faldas de la Sierra Madre Oriental se encuentra un gran arco de piedra con un letrero que da la bienvenida a los visitantes; apenas unos metros adelante está el bachillerato —la máxima institución educativa instalada en esta municipalidad— y basta dar vuelta a la derecha para casi estar en su zócalo.
POBREZA Y ABANDONO
De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el municipio de apenas 25 mil habitantes cuenta con 59.1 por ciento de su población en pobreza moderada y otro 15.7 por ciento en pobreza extrema, mientras que únicamente 1.1 por ciento es considerado como “no pobres y no vulnerables”, el resto son vulnerables por ingreso o vulnerables por carencia social.
Aunque la población está dedicada principalmente a la agricultura y ganadería, es palpable el abandono gubernamental para impulsar el campo y la falta de oportunidades laborales.
Año con año sus jóvenes optan por migrar a ciudades como Apizaco, en el estado de Tlaxcala, Puebla capital y México, ya sea para trabajar o estudiar una carrera universitaria. La mayoría ya no regresa. Por ello, la llegada de la Minera Gavilán en 2001 —ahora llamada Minera Gorrión, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals Ltd— significó para algunos la posibilidad de ingreso económico y de permanecer en su comunidad.
“¿Comercio? No. Acá la mayoría se dedica al campo (…) se cultiva maíz, frijol, calabaza, chile, cebada y las frutas que se dan en la región como manzana y pera, aunque ya no tanto. Otros tienen sus chivos y gallinas”, describe el campesino Agustín, mientras hace una pausa como recordando.
“También por acá hay quienes hacen muebles… es una actividad que no se hace mucho, pero lo hacen algunos”, agrega.
Cuestionado sobre la existencia de riegos, invernaderos o proyectos productivos que hayan sido impulsados por instancias de gobierno, el campesino refiere que ninguno.
“Sólo el de Sembrando Vida”, implementado recientemente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que, según sus cálculos, beneficia a unos 200 habitantes del municipio.
Es casi medio año, las lluvias que han caído desde el 15 de mayo a la fecha apenas han logrado humedecer la tierra suelta que es arrastrada por los remolinos que se forman a eso del mediodía y que corren sobre las lomas como espíritus atribulados queriendo alcanzar el cielo.
Las barrancas, alimentadoras del río Apulco, han lucido secas durante los últimos dos meses “apenas las dos o tres lluvias que han caído, la última apenas hace tres días, es lo que se ve que está escurriendo”, explica Agustín.
En medio de esta situación se entiende por qué la llegada de la minera, desde hace más de 20 años, representó una oportunidad de trabajo para casi un centenar de personas que se sumaron a las labores de barrenación y exploración en los cerros ubicados entre Santa María Zotoltepec y Zacatepec, hasta que se confirmó la presencia de oro y plata.
La empresa comenzó a adquirir terrenos a pequeños propietarios en el cerro ubicado al poniente de Santa María Zotoltepec, una de las 130 comunidades esparcidas en este municipio.
Casi todos vendieron, excepto los vecinos de los predios donde estarían las tepetateras de la mina —material sobrante que se extraería del tajo a cielo abierto— y que serían los más afectados por el ruido de las máquinas y el polvo de la extracción. Entonces comenzó el conflicto.
MINERA EXTRAERÍA 7.8 MILLONES DE ONZAS AL AÑO
La empresa canadiense detectó en 2010 la mineralización de la zona, principalmente con oro y plata, pero no fue sino hasta ocho años después, en 2018, cuando confirmó la existencia de un tajo de 73.1 millones de toneladas de mineral. Esto es un promedio de producción, según los cálculos de la misma empresa, de 7.8 millones de onzas anuales a lo largo de 14 años.
Al precio actual que ronda los 36 mil 500 pesos por cada onza de oro, la producción de un solo año —si la mina fuera exclusivamente de oro— representaría 284 mil 700 millones de pesos, esto es más del doble del presupuesto anual del estado de Puebla, calculado en 104 mil 094 millones de pesos para este 2022.
El hallazgo fue realizado luego de que en 2001 el gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada le otorgó a la empresa canadiense una concesión de exploración en el territorio de la Sierra Norte de Puebla; del lado de las comunidades de Santa María Zotoltepec, Zacatepec, Tuligtic, Loma Larga y hasta Almeya, todas ubicadas al noroeste de la cabecera municipal y en 2009 el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le entregó una más pequeña, en coordenadas opuestas y que alcanzó al ejido Tecoltemi, un poblado ubicado a unos 8 km en línea recta, al sureste del cerro donde se ubica el proyecto.
“Una concesión no significa una mina… una concesión es un acto administrativo que te otorga la federación, pero que no tienes con eso ya el permiso de llegar y explotar. Muchas veces se confunde con eso”, explicó Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión, durante una entrevista realizada en febrero de este año para este mismo tema.
De acuerdo con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que fue ingresado en 2018 por la minera ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la realización del proyecto se contempla el uso de 466 hectáreas, en las cuales se marca un tajo a cielo abierto con una extensión de 133.68 hectáreas, justo entre los cerros de Zotoltepec. Además de la construcción de una desviación con un nuevo puente sobre el río Apulco y una línea de transmisión de energía, para evitar el paso de tránsito pesado por la comunidad.
En los 20 años que llevan de trabajos de exploración y de preparación, Minera Gorrión reporta una inversión aproximada de 40 millones de dólares y alistan 170 millones de dólares más para la inversión inicial que incluye las obras carreteras, acondicionamiento del terreno e instalación de maquinaria con la que evitarían una presa de jales, porque el proceso de selección del mineral sería en seco. A partir de entonces, la minera tendría autosustentabilidad y requeriría 1,100 millones de dólares más, para su operación, a lo largo de 14.5 años de vida.
Al respecto, Rosario Uscanga, directora de Responsabilidad Social Empresarial y Relaciones Comunitarias de Minera Gorrión, explica en entrevista que las obras contemplan la construcción de dos presas de agua. La primera con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 300 mil m3, para no utilizar la de los afluentes naturales en la actividad cotidiana, y la segunda, para almacenar aproximadamente 1.8 millones de m3 de agua, a fin de evitar la inundación del tajo.
Las operaciones y el mantenimiento de la segunda presa serán responsabilidad de la minera hasta la conclusión del proyecto, momento en el que sería entregada a las autoridades municipales, sin embargo, en el caso de que la presa no sea utilizada por las comunidades tendría que ser abierta para permitir el flujo libre del agua.
A lo largo de la etapa de exploración, la minera reporta la generación en Ixtacamaxtitlán de 75 empleos, la mayoría eventuales, mismos que se incrementarían a 600 para la etapa de construcción que duraría dos años y posteriormente se estabilizaría en 420 plazas, a lo largo del tiempo que dure la extracción.
DAÑOS A ‘PEQUEÑAS’ SECCIONES DE VEGETACIÓN
El desarrollo del proyecto generaría también un impacto ambiental por el acondicionamiento del terreno y la explotación del tajo a cielo abierto. De acuerdo con el MIA en el polígono de los trabajos sólo se registró una especie de flora de las 60 registradas en categoría de protección especial. Este es el cedro blanco. Asimismo, en fauna fueron detectadas siete de las 34 especies: cuatro de herpetofauna (salamandra pinta, serpiente de cascabel pigmea, camaleón de montaña y rana leopardo) y tres de aves (colibrí cola pinta, gavilán y tordo solitario).
“Ninguno de los impactos ambientales identificados como negativos se puede considerar como significativo”, afirma el Manifiesto de Impacto Ambiental.
Por otra parte, la minera reconoce que realizarán actividades altamente riesgosas que corresponden a aquéllas en que se maneja cianuro de sodio, una sustancia tóxica utilizada en el proceso de lixiviación o beneficio del mineral, pero que se encuentra en el primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas (LAAR).
La empresa puntualiza que los posibles accidentes generarían daños para el personal operativo, a la instalación y a pequeñas secciones de vegetación. Esto, considerando que los asentamientos humanos más próximos a la planta de beneficio están localizados en el poblado de Santa María Zotoltepec a aproximadamente a 2.6 km en dirección sureste y la población de Zacatepec, a una distancia de 3 km en dirección noreste. La minera afirma en el MIA que “no se pronostica afectación a los mismos”.
TECOLTEMI, SÍMBOLO DE LUCHA CONTRA LA LEY MINERA
Había transcurrido casi una década de la llegada de la minera a este municipio, cuando los pobladores comenzaron a escuchar sobre el otorgamiento de concesiones mineras en su territorio, asociadas con los llamados “Megaproyectos o Proyectos de Muerte” —nombrados así por organizaciones defensoras de los derechos humanos y los recursos naturales—.
Asesorados por organizaciones, los campesinos obtuvieron vía Transparencia la confirmación de dos permisos autorizados por la Secretaría de Economía, el primero en 2001 en la zona de Santa María Zotoltepec y el segundo en 2009 que alcanzó en su extremo al ejido Tecoltemi.
Las concesiones fueron otorgadas realmente a la canadiense Almaden Minerals Ltd, a través de una empresa subsidiaria constituida en México. Todo con base en la Ley Minera promulgada en 1992 que abrió las puertas a la inversión extranjera y desreguló la actividad extractiva que hasta entonces era exclusiva del Estado Mexicano.
Aunque originalmente la empresa fue bautizada como Minera Gavilán, la aparición de la resistencia indígena llevó a analizar la concepción que tienen las comunidades sobre esta ave de caza y obligó a cambiarle de nombre a Minera Gorrión, un ejemplar mejor apreciado por los pobladores y abundante en el municipio, como los que revolotean en el parque y anidan entre los techos de las casas.
Para entonces, ya existía todo un movimiento en contra de la minería en Ixtacamaxtitlán, mientras la empresa continuaba con la barrenación explorando el territorio.
Aunque la minera pidió a la Secretaría de Economía retirar la segunda concesión para evitar el conflicto, la comunidad interpuso un amparo, autoadscribiéndose como población indígena, a fin de llevar hasta las últimas consecuencias legales la entrega de esas concesiones, toda vez que la autoridad nunca consultó a las poblaciones afectadas. Así, en 2015, ya asesorados por organizaciones, la resistencia de Tecoltemi se convirtió en símbolo de la lucha contra la Ley Minera en México.
De acuerdo con lo reclamado en el amparo, “el contenido de los artículos 6, 15 y 19 fracciones IV, V, VI y XII de la Ley Minera es inconstitucional e inconvencional por contravenir el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, así como el derecho a la propiedad de los ejidos”, según explica la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, al señalar que “los planteamientos de Tecoltemi tienen como base la conciencia de sus derechos como comunidad indígena y como ejido, así como una realidad innegable de proliferación de concesiones mineras sobre el territorio del país”.
Tardaron casi siete años, entre problemas legales y el rechazo del MIA por la Semarnat, para que el caso fuera abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en febrero de 2022, cuando finalmente determinó suspender las concesiones de Minera Gorrión, hasta que la Secretaría de Economía realice una consulta previa e informada; sin embargo, la decisión de los magistrados fue no tocar la Ley Minera, aunque éste era el fondo de la lucha de organizaciones y de la comunidad indígena.
Hoy, la población en Ixtacamaxtitlán se encuentra dividida. Mientras un grupo apoya a sus vecinos de Tecoltemi, otros, los beneficiarios de la mina, reprochan la injerencia en su territorio de un ejido que se encuentra al lado opuesto del proyecto y que los ha dejado sin la oportunidad de un empleo o de evitar la migración de sus hijos.
