La Amazonía del bicentenario: entre la explotación y la amenaza del punto de no retorno

HISTORIA. En 200 años de independencia, la población indígena de la Amazonía ha registrado abusos y ha sido marginada de la sociedad peruana. Composición: Claudia Calderón.

En noviembre de 1832, apenas 11 años después de la proclamación de la independencia en Perú, el Congreso aprobó la creación de Amazonas, un nuevo departamento que según el documento de la época buscaba tener una gran influencia en “la civilización de las tribus salvajes”. Unos años más tarde, en 1868, se constituyó Loreto y se oficializó a Iquitos como su capital. El desconocimiento y los prejuicios del Estado sobre este territorio y los pueblos que lo habitan continuó durante los siglos siguientes. Solo después de más de 150 años de vida republicana se reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas, que hoy suman más de 2.300 en 11 regiones del país. ¿Qué ha cambiado más allá de eso en 200 años de Independencia?

Antes de la constitución de los departamentos ubicados en la frontera peruana, las expediciones de extranjeros hacia la Amazonía ya habían empezado. Pereyra Plasencia recuerda la visita del inglés Henry Lister Maw a fines de 1827 e inicios de 1828, época donde navegó el río Amazonas para llegar a Chachapoyas, Moyobamba y Loreto. “Es el primer viajero moderno del siglo XIX que recorre transversalmente el país”, señala el cuarto volumen de la Relación de Viajeros incluido en la Colección Documental de la Independencia del Perú.

El investigador Alberto Chirif señala que en las primeras décadas de la independencia la Amazonía “era vista como un espacio vacío, por colonizar y que estaba llena de recursos que podían solucionar todos los problemas del Perú”. En el libro “Después del caucho” (2017), el reconocido antropólogo sostiene que para el reciente estado, el imaginario de la selva era de una región “de gran riqueza, pero habitada por pobladores salvajes”.

La creación de los departamentos de Amazonas y Loreto, en los primeros años de la república, respondió sobre todo a una motivación geopolítica para establecer las fronteras con la entonces Gran Colombia y Brasil. “Había un interés de los nuevos estados de América del Sur de afirmar su independencia”, explica Hugo Pereyra Plasencia, historiador y miembro de la Academia Nacional de la Historia.

Viñeta Claudia Calderón

Aunque estos territorios, remotos en su acceso, eran usados por personas que huían de la justicia. Lo cuenta el antropólogo e investigador del Laboratorio de Antropología Social del Colegio de Francia, Esteban Arias Urízar: “en los escritos del siglo XV se indica que muchos españoles fugaban a la selva para huir de la justicia del virreinato y fundaron pequeñas colonias en comunidades que eran indígenas. Entre el siglo XVII y XVIII se dan cuenta que la Amazonía es tan rica que podría ser explotada”, explica.

Con el avance de la república, el interés por explorar la Amazonía fue el de buscar rutas de comunicación, conocer potenciales recursos para la industria y ubicar tierras que podían ser colonizadas. El reconocimiento de las comunidades indígenas llegó más de 150 años después, con la promulgación de una ley durante la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, en 1974, que reconoció la “existencia legal y la personalidad jurídica de las comunidades nativas”.

A lo largo de todo el proceso republicano, la Amazonía peruana también ha registrado una serie de demandas de los pueblos indígenas que en los últimos años enfrentan no solo el avance de las actividades ilegales en sus territorios, sino también las amenazas y asesinatos de sus defensores: desde 2013, un grupo de 14 líderes indígenas ha sido asesinado en Perú.

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Época del caucho: abusos y transición

En 200 años de historia republicana, la Amazonía ha sido vista como un territorio para la extracción de recursos naturales. María Luisa Burneo De la Rocha, antropóloga e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), coincide en que parte de la sociedad del siglo XIX tenía un imaginario de la selva como una “tierra de frontera para ir a explorar y extraer”.

Sostiene que esta mirada predominó durante el primer período republicano (1821 – 1899) y que a fines del siglo XIX, esa idea de que “la Amazonía era tierra de nadie”, desencadenó “las atrocidades durante la primera fase de extracción y explotación del caucho”. La antropóloga hace énfasis en uno de los temas en que varios investigadores coinciden: “Hay poblaciones amazónicas que históricamente no solo han sido marginadas del Estado en formación, sino que han sido sujetos de despojo de sus territorios y explotación”.

El aumento de la población en la ciudad de Iquitos durante aquellos años refleja el interés económico detrás de la migración hacia la Amazonía a fines del siglo XIX. En 1900, la capital de Loreto registró 20 mil habitantes, 100 veces más personas respecto a 1851, según cifras recogidas en una publicación del Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos.

Históricamente las poblaciones amazónicas no solo han sido marginadas por el Estado en formación, también han sido sujetos de despojo del territorio.

Los abusos y violaciones de derechos humanos impulsados durante la época del caucho fueron recogidos en parte por Roger Casement, canciller inglés que investigó las denuncias contra la compañía The Peruvian Amazon Co, en 1910. En sus informes, recogidos luego en el denominado Libro Azul se incluyen transcripciones de entrevistas realizadas a trabajadores y extrabajadores de la cauchera, quienes describieron los abusos cometidos contra los indígenas explotados por la empresa, que operaba en la triple frontera del río Putumayo en Brasil, Colombia y Perú.

“Las flagelaban [a las mujeres] si tenían un hijo que no traía suficiente caucho; si era un niño demasiado pequeño para ser flagelado, flagelaban a la madre”, indica uno de los relatos incluidos en el texto que cuenta cómo actuaban los administradores de la compañía cauchera contra los indígenas de la zona.

En las décadas posteriores —entre 1930 y 1940—, con el avance del negocio del caucho, la política del estado hacia la Amazonía estuvo centrado en la construcción de nuevas carreteras. A la par, comenzó un proceso de migración y la incorporación de misiones religiosas.

El antropólogo Esteban Arias sostiene que en 1941 se registró un hito en la migración más intensiva hacia la Amazonía. Ese año se inauguró la vía Huaura – Pucallpa que conectó la costa peruana con la selva de Ucayali. La instalación de este camino se dio en medio de la Segunda Guerra Mundial y cuando en Perú había la necesidad de llegar a Brasil para “conectar con el Atlántico”, un hecho que no había ocurrido en un siglo de la era republicana.

La conexión terrestre hacia la Amazonía generó que en los años y décadas posteriores aumente la migración de personas del centro y sur peruano, quienes se establecieron en la selva para dedicarse a la pequeña agricultura y la extracción de madera. El interés por la construcción de carreteras que atraviesen y corten los bosques persiste hasta la actualidad.

Entre 2016 y 2021, diferentes bancadas del Congreso de Perú presentaron 14 proyectos de ley para declarar de interés nacional la construcción o mejoramiento de vías en regiones de la Amazonía.

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Años extractivos 

La migración hacia la Amazonía, como consecuencia de la actividad cauchera, instaló la idea de que esta parte del país era un territorio por conquistar. La mirada económica sobre los bosques se acentuó durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry (1963 – 1968), quien en su primer Mensaje a la Nación del 28 de julio planteó la unificación de todas las Fuerzas Armadas para crear “cuerpos de colonización y desarrollo del país” en zonas de selva alta y baja.

Durante este gobierno también se registró una de las peores masacres contra los pueblos indígenas del Perú. A inicios de 1964, en Loreto, miembros del pueblo matsés enfrentaron a invasores que pretendían construir una trocha hacia la frontera de Brasil con el fin de extraer madera de forma ilegal. Al tomar conocimiento de los hechos e intentar controlar la disputa, el gobierno ordenó a los militares contener el enfrentamiento con el uso de helicópteros. Los investigadores de la época, entre ellos Alberto Chirif, señalan que los militares arrojaron contra los indígenas napalm, un líquido inflamable usado en la guerra y que causa quemaduras severas.

A partir de 1960 empiezan otras actividades extractivas que también han generado disputas en la Amazonía como el gas, petróleo y la pequeña minería. A ellas se sumó la deforestación, en su mayoría generada por la agricultura migratoria de personas provenientes de otras regiones del país y extranjeros que se establecieron en la selva de Junín y Pasco. “Los bosques van siendo depredados a gran velocidad porque los recursos se explotan sin ninguna racionalidad”, resume Alberto Chirif sobre las actividades de esos años.

La migración hacia la Amazonía instaló la idea de que esta parte del país era un territorio por conquistar.

El avance económico de otros sectores en la Amazonía también coincidió con la organización de territorios indígenas en diferentes asociaciones con representatividad hasta hoy. En este contexto, hay tres hechos que cambiaron a la Amazonía desde 1980 hasta fines de 1990: “la época cocalera, la tala ilegal que es violenta y la minería informal”, dijo la antropóloga María Luisa Burneo, antes de mencionar las últimas décadas de extracción intensiva de recursos en la Amazonía.

En la etapa que empezó a mediados del 2000, la expansión de industrias agroindustriales y monocultivos —como palma aceitera y cacao— han desencadenado conflictos por tierras sobre todo en las regiones Loreto y Ucayali, pero también en algunos casos asociados al avance de cultivos de hojas de coca. Por ejemplo, a mediados del año pasado, OjoPúblico informó que la exportación de palma aceitera no garantizaba el uso de insumos sin deforestación. En otra publicación, este medio advirtió sobre cómo otra empresa del sector operaba sin certificación ambiental.

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El estudio de la deforestación 

En el campo científico, el ecólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Ernesto Ráez Luna, destaca para la historia de la Amazonía el papel de la Estación Biológica de Cocha Cashu (EBCC), un centro de investigación instalado hace más de 50 años en el Parque Nacional del Manu en Madre de Dios. “Mucha de la investigación que se ha producido sobre la Amazonía proviene de ese lugar. Es considerada una de las más importantes estaciones biológicas de bosques tropicales en el mundo”, explica Ráez Luna.

Desde inicios de la décad de 1970, a la Amazonía peruana también empezaron a llegar científicos extranjeros como John Terborgh, John W. Fitzpatrick o Ted Parker, quienes iniciaron el camino de la investigación en este territorio. “No sé si haya sido una revolución, pero la comprensión del ecosistema amazónico ha tenido un gran cambio a partir de ese momento”, agrega Ráez Luna.

Una de las principales amenazas para esta región es la deforestación. El biólogo señala que las primeras advertencias sobre la pérdida de bosques datan de 1980. “Hubo campañas para salvar la Amazonía y se llegó a detener hasta cierto punto ese avance, pero eso se ha perdido en gran medida en este siglo. Estamos viendo el extractivismo más salvaje”, dijo.

El investigador y actual director ejecutivo del Instituo del Bien Común (IBC) explica que desde 1990 se desarrollaron los denominados sistemas de información geográfica que han pretendido monitorear la selva por encima de un análisis realizado al interior de los mismos territorios amazónicos, “que permiten un estudio cercano de las especies, y generar una mejor relación con las comunidades y autoridades”.

“Tenemos un montón de observatorios manejados con personas de no mucho o nulo conocimiento ecológico, que producen mapas de colores que muchas veces registran la destrucción. Pero lo que están haciendo es registrar el apocalipsis. Si tú compruebas que alguien deforestó, ya es encontrar un homicidio. Una alerta temprana sería evitar el homicidio”, explicó.

Shihuahuaco OP

RETROCESO. El año pasado se registró la deforestación más alta desde el 2001. Se perdieron más de 203 mil hectáreas de bosques.
Foto: OjoPúblico.

Entre 2001 y mediados del 2021, en el Perú se han deforestado más de 2,6 millones de hectáreas de bosques. Esta cifra representa más de 2.600 veces el área del distrito de San Isidro o 200 veces la extensión del centro de París, una de las principales capitales europeas para el mercado de la madera de origen peruano. Los datos oficiales del Ministerio del Ambiente (Minam) señalan que solo el año pasado se tuvo el registro de deforestación más alto desde 2001: se perdieron 203 mil hectáreas de bosques. Las regiones más afectadas fueron Ucayali, Loreto y Madre de Dios.

Si se revisan los datos históricos de deforestación por distrito, la provincia de Puerto Inca (Huánuco) tiene a cuatro localidades entre las  diez más afectadas: Yuyapichis, Codo del Pozuzo, Puerto Inca y Tournavista acumularon en conjunto más de 228 mil hectáreas de bosques perdidos entre 2001 y 2019.

De acuerdo al plan de desarrollo regional de Huánuco al 2030, el cambio de uso de tierras para fines agrícolas fue la principal causa de la deforestación en esta región. La coordinadora del programa de bosques y cambio climático de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Isabel Gonzales Icaza, explica que este tema local se extiende al resto de la Amazonía debido a que los pequeños agricultores son quienes deforestan por “una necesidad de generar sus ingresos o cultivar sus propios alimentos [para el autoconsumo]”.

Los datos oficiales del Minam señalan que solo el año pasado se tuvo el registro de deforestación más alto desde 2001 en Perú.

Si bien las cifras del 2020 todavía son preliminares, los entrevistados coincidieron en que una de las razones del aumento en la pérdida de bosques estuvo relacionada a la pandemia porque limitó el trabajo de supervisión del Estado y las actividades ilegales no se detuvieron. El procurador del Ministerio de Ambiente, Julio Guzmán Mendoza, indicó que la ausencia de las actividades representó un “repliegue de las fuerzas” y que en términos generales fue un “retroceso” en el trabajo contra la reducción “del desbosque y la pérdida de cobertura no autorizada”.

En su respuesta sobre los resultados del año pasado, el Minam indicó a este medio que el aumento de cifras de deforestación respondía a una “reducción de la capacidad de monitoreo y control por parte de los agentes de gobierno” y que “una reversión repentina de la ciudad al campo había gatillado altas tasas de deforestación en todo el mundo y el Perú no es la excepción”.

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El futuro de la Amazonía peruana

El gobierno de Pedro Castillo, eligió al abogado y militante de Perú Libre, Rubén Ramírez Mateo, como ministro de Ambiente. Sin embargo, no registra ningún tipo de experiencia vinculada a la gestión de estos temas.

Pese a la incertidumbre por el escenario político, el procurador del Minam, Julio Guzmán, es optimista respecto al trabajo pendiente de los próximos años, entre ellos la ejecución de la estrategia de lucha contra la tala ilegal 2021 – 2025. Este documento, aprobado a inicios de julio pasado, ha considerado criterios para enfrentar de manera efectiva a este delito.

“Te aseguro que vamos a descender la deforestación por debajo de las 100 mil hectáreas año año. Por primera vez en la estrategia se va a articular la utilización de las imágenes satelitales con otras instituciones operativas del gobierno”, dijo a OjoPúblico el procurador Guzmán.

Por su parte, el biólogo Ernesto Ráez apunta como prioritaria la titulación y ampliación de territorios indígenas. Esta medida, señala, debe ir acompañada del compromiso de los gobiernos regionales para “facilitar y dar viabilidad a las solicitudes de las comunidades”.

De acuerdo a un análisis de la Defensoría del Pueblo, al 2017 todavía habían más de 600 territorios indígenas de la Amazonía que aguardan por completar este proceso, mientras que más del 90% de comunidades tituladas carecía de georeferenciación, situación que ha desencadenado conflictos por superposición o tráfico de tierras.

La bióloga Karina Pinasco Vela, presidenta de la Asociación Amazónicos por la Amazonía, sostiene que se debe empezar a “democratizar la conservación” para que se le otorgue más valor a los bosques de pie debido a que representan el “mejor activo y la conservación y la restauración de los paisajes nuestra mejor inversión”.

La mirada de los diferentes expertos entrevistados aguarda las próximas decisiones del ministro Ramírez, al igual que nuevas iniciativas legislativas que puedan involucrar a los territorios amazónicos. “Por lo menos 200 años después sabemos que existe la Amazonía. La miramos más, aunque todavía no todos la entienden. Hemos tenido y tenemos oportunidades para la gente y los pobladores locales, pero poco a poco vamos perdiendo esas oportunidades por no saber entender este fabuloso escenario y contexto nacional”, finalizó la exministra del Ambiente Lucía Ruiz Ostoic.

Este artículo, publicado por primera vez aquí, fue compartido como parte del World News Day 2021, una campaña global que destaca el papel fundamental del periodismo basado en hechos a la hora de proveer noticias e información fiables al servicio de la humanidad. #JournalismMatters