India’s masks choke lakes and beaches as treatment facilities fall short
Since September last year, Mr Subhash Chandran, 32, has been diving off Rushikonda Beach to clean up its seabed in the coastal city of Visakhapatnam in Andhra Pradesh.
Last year, the scuba diving instructor and his friends removed over 21 tonnes of plastic in 61 four-hour-long dives.
Last month, when the volunteers did their first underwater clean-up during the pandemic, they found a jumble of masks, gloves and emptied medicine sachets.
“Normally we find a lot of plastic bottles and wrappers. After the pandemic we found 1,500kg of mostly N95 masks, surgical masks, tablet packets and gloves. I consider the ocean my second home but it is a Covid dump yard today,” Mr Chandran said.
Medical waste, already growing at a rate of 7 per cent annually pre-pandemic, has exploded with the profusion of plastic protective gear to battle coronavirus transmission.
According to the Central Pollution Control Board, India has generated 18,006 tonnes of biomedical waste from June to September. This includes personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks, head covers, plastic coveralls and hazmat suits, as well as syringes and other items used by healthcare providers and patients.
On average, India generated about 101 tonnes of Covid-19 related bio-medical waste a day in June. This rose to 183 tonnes per day in September. This is in addition to 609 metric tonnes of regular bio-medical waste generated per day (as of June, 2020).
Experts say the rise in waste generation is directly related to the number of cases. India has recorded over 9.8 million Covid cases.
From 25 tonnes a day in May, Delhi generated 371 tonnes of biomedical waste per day in June – a 1,400 per cent increase.
During the elections held during the pandemic in October, polling personnel and voters in the northern state of Bihar generated nearly 160 tonnes of gloves, face masks and empty sanitiser bottles, poll authorities said.
In response to the pandemic, the environment ministry and pollution control departments published guidelines for the management of waste generated during treatment, diagnosis and quarantine of Covid-19 patients. They advocate using double layered bags for disposal, mandatory labelling of bags and containers as “Covid-19 waste”, regular disinfection of dedicated trolleys, and separate record keeping of waste generated from isolation wards.
These are in addition to existing rules for biomedical management from 2016, which mandate colour coded segregation of different medical waste. Covid waste is now supposed to go into yellow bins.
But few follow these rules. Waste management experts say that proper segregation and disposal has been seriously neglected in India.
“Used masks must be disinfected with sodium hypochlorite solution, left for 72 hours, mutilated (cut or torn), covered in a paper and then thrown in regular bins. Some hospitals and commercial establishments follow the rules somewhat, but households and clinics are quite lax,” said Ms Pinky Chandra, a member of citizen alliance Hasiru Dala that promotes waste segregation in Bangalore and works with city authorities to help dispose of waste.
While more Indians are using washable cloth masks, which “greatly reduces the waste generated”, she said each of Bangalore’s over 120 waste collection centres have been seeing at least 300 pieces of masks every day.
When admitted to a hospital for Covid treatment in Chennai, environmental engineer Prabhakaran V noticed that his used masks, bedspreads and gloves were disposed of as “Corona waste”, but the paper cups, plates and bottles patients used went into the regular bins.
His colleagues in the Chennai non-profit Poovulagin Nanbargal reported masks, syringes, blood bags and testing equipment dumped along the coast in parts of Chennai, and floating in lakes. They found mountains of untreated medical waste in landfills.
“Before Covid, a government hospital bed generated about half a kilo of medical waste a day. Now it is 3-5kg a day. Almost 75 per cent of biomedical waste in Chennai goes without treatment into landfills,” Mr Prabhakaran said.
Ms Chandra said: “Under Covid, we are seeing an expansion of our existing solid waste management problems: wasteful behaviour that generates a lot of garbage, and gaps in implementation of laws for collection and disposal.”
India has 198 Common Bio-medical Waste Treatment Facilities for treating and disposing Covid-19 bio-medical waste. But these are proving inadequate.
Tamil Nadu, for instance, has only eight common biomedical waste treatment facilities, with a capacity of 31 tonnes a day. The state, however, generated 47 tonnes a day, before the pandemic.
Podríamos dejar sólo una definición sobre el cambio climático y ya. Pero a problema complejo, la explicación sobre lo que es amerita algo un poco más extenso que un párrafo de la Real Academia Española. Así que, empecemos.
¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático?
Un cambio del clima, sería lo más obvio, simple, pero también lo real. De entre las múltiples definiciones sobre cambio climático, resulta interesante detenerse en la que ofrece la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático (CMNUCC).
“Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”
Artículo 1 | CMNUCC
Lo más relevante de esta definición es que centra la responsabilidad del cambio de clima en las actividades que realizamos, nosotros, seres humanos. Sea esto por impacto directo o indirecto. Sobre la alteración de la atmósfera y las actividades contribuyentes al cambio volveremos más adelante.
Podríamos complementar esto con la descripción de significado que aporta el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
“El cambio climático es la variación del estado del clima identificable en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos”.
Glosario | IPCC
Lo más interesante de este aporte es la referencia a la identificación y temporalidad. ¿Por qué? Siempre que hablemos de cambios en el clima es conforme los registros de una determinada fuente científica. El famoso “el año más cálido de la historia” es un error, pues en verdad se trata del año más cálido de la historia desde que, por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) tiene registros.
Y la temporalidad es el otro elemento fundamental. No nos estamos refiriendo a un cambio de un día a para otro, sino a cambios que se mantienen durante extensos períodos de tiempo. Para que te des una idea, el período de promedio habitual, según la OMM, es de 30 años. Identificación y temporalidad es lo que también se resume en la expresión de la primera definición de la CMNUCC: “(…) observada durante período de tiempos comparables”.
Y eso nos lleva al siguiente interrogante.
¿Clima es lo mismo que tiempo?
No. Y es interesante porque en algunos países latinoamericanos, como Argentina, los usamos indistintamente. ¿Viste cuando en radio o en televisión se dice “cómo estará el clima hoy”? Bueno, en verdad se están refiriendo al tiempo y usando erróneamente el término clima.
El tiempo (weather, en inglés) es el estado de la atmósfera en un determinado lugar y momento. Por ejemplo, cómo se encuentra hoy el día allí desde donde estás leyendo esta guía.
En cambio, el clima (climate, en inglés) es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en una región del planeta en el largo plazo (períodos que pueden abarcar desde meses hasta miles de años). Por ejemplo, cómo ha variado el clima en tu país de origen desde que naciste hasta hoy.
La NASA resume que la diferencia entre tiempo y clima es una medida de tiempo (en términos de temporalidad y no meteorológico): “El tiempo designa las condiciones de la atmósfera durante un período corto de tiempo, y el clima es cómo se `comporta´ la atmósfera durante períodos de tiempo relativamente largos”. Y subraya: “Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de cambios en los promedios a largo plazo del tiempo diario”.
El clima, entonces, es ese período habitual del tiempo atmosférico de 30 años al cual nos referíamos anteriormente. Así que la próxima vez que quieras saber si lloverá, estará nublado o saldrá el sol, recordá que lo que querés conocer es el tiempo, no el clima.
¿Cuáles son las causas del cambio climático? ¿Cómo llegamos a modificar el clima?
Para comprender el cambio climático debemos pasar por otros dos conceptos: efecto invernadero y calentamiento global. Prometo que esta es la única parte en la que seré un poco más técnica. Observemos el siguiente video.
Lo que vemos en el video es lo que se conoce como efecto invernadero y es lo que hace que la Tierra se mantenga a una temperatura estable que permite la vida en ella. Hasta aquí, no hay problema. Hasta que…
Con la Revolución Industrial, la humanidad inició un proceso en aumento de explotación de combustibles fósiles, con el carbón como protagonista y, luego, el petróleo y el gas; para satisfacer sus necesidades de industria, energía, transporte y consumo. A ello se sumó luego la expansión de la agricultura y la ganadería intensivas.
Todas esas actividades en incremento comenzaron a emitir gases de efecto invernadero (GEIs), como el dióxido de carbono (CO2) o el metano, entre otros. Esa mayor cantidad de GEIs en la atmósfera comenzó a absorber mayor radiación infrarroja, a atrapar mayor calor y, por ende, a liberar menos de él. Esto inició un aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra. Esto es lo que se conoce como calentamiento global.
Eso comenzó a alterar el estado del clima. Y lo sigue haciendo.
En marzo de este año la concentración promedio de CO2 alcanzó el récord de 417.14 partes por millón (ppm) en la atmósfera. El límite deseable era 350ppm, superado en 1988. La temperatura media ha aumentado más de 1ºC desde tiempos preindustriales. Sin cambios en las causas, ambas curvas seguirán en aumento.
¿Y hasta ahora nadie conocía las causas del cambio climático?
Ehhhh, bueno, no quiero que te desilusiones como yo, pero sí. Muchos sabían de esto. Para que te des una idea, en el año en que nací, 1988 —es decir, 33 años atrás— el científico James Hansen expuso ante el Senado de Estados Unidos una realidad: el sistema de producción y consumo basado en la explotación de combustibles fósiles en el que se basaban las actividades humanas estaba aumentado la temperatura.
Si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, fue la científica estadounidense Eunice Foote la que, allá en 1856, propuso que la concentración de CO2 en la atmósfera podría generar un aumento significativo de la temperatura de la Tierra.
Perdón Eunice, aquí estamos…
¿El cambio climático no se debe entonces a ninguna variable natural?
Sí. De hecho, las definiciones iniciales que vimos sobre cambio climático incluyen la existencia de esa variabilidad natural. Ejemplo histórico de ello han sido los cambios en los ciclos solares, la actividad volcánica y la cantidad de GEIs en la atmósfera.
Pero fue la alteración de ese último valor, producto de causas antropogénicas, que ha venido modificando el clima a un ritmo sin precedentes.
De hecho, en su quinto informe de evaluación publicado en 2013, el IPCC declaró que “es extremadamente probable que las actividades humanas hayan causado más de la mitad del aumento observado en la temperatura media global de la superficie entre 1951 y 2010”. ¿Qué significa `extremadamente probable´? Que entre un 95 y 100% del calentamiento moderno se debe a nosotros, humanos.
¿Qué efectos ya estamos viviendo del cambio climático?
Me atrevería a decir que, en al menos un aspecto de tu vida, hoy hay un efecto del cambio climático.
Retroceso de glaciares, derretimiento de hielos, aumento del nivel del mar, olas de calor más intensas (con mayor duración y temperaturas máximas cada vez más elevadas), intensificación de las sequías (que afectan las actividades productivas rurales, entre otras), cambios en los patrones de precipitación (por ejemplo, lluvias más intensas que dan lugar a inundaciones), por sólo mencionar algunos, pues la lista podría seguir.
Incluso, con todas las complejidades que aún implica dada la multicausalidad de las migraciones, el cambio climático está obligando a las personas a desplazarse. El debate hoy: si una isla desaparece por el aumento del nivel del mar, ¿quién es responsable de la condición de refugiados de esas personas —aún no considerada en el propio término—? ¿Estados Unidos por el ser históricamente el país más emisor? ¿China por ser el máximo emisor actual? ¿O todos por la globalidad del problema?
¿Una tormenta, un huracán, un incendio son producto del cambio climático?
No. El cambio climático no produce directamente ninguno de estos eventos climáticos. Pero sí lo que hace es alterar las variables, intensificándolas, de las que dependen estos eventos.
La científica climática argentina Inés Camilloni lo explicaba en PLANETA respecto a los incendios que el año pasado afectaron el territorio del país : “Sin las condiciones climáticas favorables, es impensado que haya una magnitud de incendios como los que estamos viendo (…) La zona afectada es la región argentina donde más aumentó la variabilidad: pasan de exceso de lluvia —generando inundaciones— a déficit y ello puede ocurrir de un año a otro”.
Del mismo modo, la científica climática estadounidense Katherine Hayhoe describe la relación entre cambio climático y huracanes: “Si le preguntas a 100 científicos climáticos, casi todos estarán de acuerdo que un huracán determinado no ocurrió por el cambio climático, pero que pudo ser exacerbado por él de múltiples maneras”. El mayor calentamiento —incluyendo el de los océanos— y los cambios en el ciclo del agua favorece a la formación de tormentas más intensas.
¿Qué están haciendo los países respecto del cambio climático?
Luego de idas y venidas, más fracasos que aciertos y más de dos décadas de negociaciones, en diciembre de 2015 los países llegaron a consenso para hacer frente al cambio climático en la capital francesa, con el Acuerdo de París.
El acuerdo fue histórico, principalmente por dos aspectos. En él se hacen presentes no solo los países desarrollados sino también los países en desarrollo para actuar frente al cambio climático, en conjunto, con responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Esa acción es entendida no solo como la reducción de emisiones de GEIs (mitigación), sino como la también importante adaptación a sus efectos ya presentes.
El objetivo principal del Acuerdo es “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C”. Hoy, recordemos, nos encontramos por encima de un grado.
¿Por qué ese medio grado de diferencia?
Tras el consensuado acuerdo de París, se pidió al IPCC que elabore un informe sobre cómo serían los escenarios de calentamiento de 1,5ºC y 2ºC. El resultado fue obvio: el escenario de 1,5ºC significa efectos menos dramáticos del cambio climático que el de 2ºC.
¿Es posible alcanzarlo? Los científicos dijeron que sí, pero para ello se requieren de cambios drásticos. Ello incluye acelerar la transición de un sistema basado en la explotación de combustibles fósiles a otro en fuentes de energía más amigables con el ambiente (como la eólica y solar, que hoy incluso son más rentables y resilientes que los fósiles), modificar los modos intensivos de producción agrícola-ganadera y terminar con la deforestación, entre otros.
¿Para qué esto? Para que se reduzcan las emisiones generadas y así haya una disminución de la temperatura. Y esos cambios drásticos deben ocurrir en la década que acaba de iniciar. Es decir, en los próximos diez años. Es decir, ya.
Que el 1,5ºC aparezca en el Acuerdo de París y hoy sea la meta de referencia necesaria, ambiciosa y desafiante de alcanzar, fue un logro de los países insulares. Ese medio grado de diferencia, entre el 1,5ºC y el 2ºC importa. Es el que puede significar para la isla de Tuvalu desaparecer o seguir luchando por la supervivencia de su territorio y su comunidad. Es lo que alguien una vez caminando por los pasillos de la conferencia climática dijo: “Ese medio grado de diferencia son miles de vidas”.
Y aquí es donde volvemos a los países y sus compromisos. Para mantenernos en el 1,5ºC y cumplir con el Acuerdo de París, los países tienen que presentar (y hacer poner en práctica, claro) planes de acción sobre cómo van a reducir sus emisiones e implementar políticas para adaptarse a los efectos del cambio climático. La idea es que con la implementación de la totalidad de los planes se llegue al objetivo. El año pasado hubo una actualización de esos planes.
Entonces, ¿los compromisos climáticos actuales son suficientes para el 1,5ºC?
No. Al momento, son mejores que cómo nos encontrábamos hace unos años, pero aún no son suficientes para ubicarse en la senda del 1,5ºC. Así lo ha demostrado el último registro del analizador Climate Action Tracker.
Como se puede ver en el gráfico, con las políticas actuales nos ubicaríamos en un calentamiento de casi 3ºC (no, eso no es bueno) y con las metas más optimistas recién estaríamos en los 2ºC. Es decir que no solo se requieren lindos anuncios, sino políticas más ambiciosas para hacer frente al problema. E implementarlas, cuanto antes, de forma inclusiva, equitativa y sostenible en el tiempo.
¿Por eso tenemos que hoy pasar a hablar de crisis climática?
Hoy tenemos que poner énfasis en que nos encontramos en una situación de crisis climática que requiere acción urgente, ambiciosa y sostenida. Pero ¡ojo! ello no significa que estemos sustituyendo un término por otro, porque como conceptos no son reemplazables.
El cambio climático es el problema. La crisis climática es la situación a la que hemos llegado producto de la inacción o acción insuficiente de los tomadores de decisión frente al problema. Es esa crisis en la que la acción frente al problema que realicemos durante la próxima década resultará determinante para los años posteriores.
Esta distinción no es mera apreciación subjetiva. Fue recientemente explícita por la FundéuRAE: “La situación de cambio de clima que estamos viviendo, por su magnitud, su intensidad y su velocidad, permite afirmar que estamos ante una crisis climática (…) Crisis climática es la forma más adecuada para referirse a la magnitud y a las consecuencias del cambio climático causado por la actividad humana”.
Del mismo modo, el glosario de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) aclara: “El concepto de crisis climática intenta ser más amplio que el proceso de cambio en el sistema climático, implicando en la expresión la urgencia que representan para la humanidad el problema del cambio climático y sus impactos asociados”.
¿Toda esta información te preocupa, angustia, entristece?
No estás solo en eso. De hecho, la Asociación Americana de Psicología (Estados Unidos) define la ansiedad climática o eco-ansiedad como “un miedo crónico al destino trágico del ambiente”. No se puede hablar aún de la definición de una patología, pero sí de un malestar que primeramente se manifestó entre algunos científicos que venían estudiando el cambio climático.
Frente a ello, los psicólogos que dirigen una práctica tradicional de psicología y coaching en Oxford, Reino Unido -que comenzaron a estudiar el tema- recomiendan evitar la impotencia o abrumación transformando esas eco-emociones en acción.
Ante el cambio climático, ¿cómo podés involucrarte?
De muchas formas. Desde ya que es cierto que solo con la acción individual no alcanza para hacer frente a la actual crisis climática y ecológica. Pero ella también es (o debiera ser) parte del proceso de transición hacia un impacto positivo.
Según un estudio publicado en Environmental Research Letters, algunos de los cambios en hábitos cotidianos que más repercusión tienen en disminuir tus emisiones de GEIs, son: reemplazar el trasladarse en vehículo particular por movilizarse en bicicleta o transporte público, usar eficientemente la energía y de fuentes renovables, llevar una dieta a base de plantas y con menor consumo de carnes y lácteos. A ellos podrían sumarse: consumir local, no desperdiciar alimentos, generar la menor cantidad de residuos posibles.
Lo individual no debe ser visto como algo totalmente ajeno a lo colectivo. Y sino veamos lo que ocurrió en Argentina en apenas los últimos años, donde la movilización de la sociedad civil —de forma presencial e incluso también a través de las redes sociales— dio impulso a que el Congreso Nacional avance en la sanción de la Ley de Cambio Climático. Por ello, sumarte a organizaciones, movimientos o iniciativas locales también es involucrarte en la acción.
Por último, pero no menos importante, vuelvo al inicio de esta guía. Ahora que tenés un mayor conocimiento sobre el cambio climático, hablar sobre el tema es una forma de accionar. Porque como dice Hayhoe en su charla TED, “lo más importante que podés hacer para combatir el cambio climático es hablar de ello”.
Massive mask pile-up in the Philippines, and no solution beyond public advisories.
Each year, the Philippines generates enough garbage to fill more than 23,000 Olympic-sized swimming pools. Much of that does not end up in landfills, but on pavements and along canals, creeks, rivers and shorelines.
The Covid-19 pandemic has made things worse.
In a month, a single hospital can dump over 10,000kg of dressings, blood and urine bags, sputum cups, test tubes and liquid waste that include blood and urine.
With the pandemic, hospitals have had to procure tonnes of masks, face shields, lab gowns and other personal protective equipment (PPE) that all eventually end up in landfills.
A 500-bed hospital in Manila said its volume of infectious wastes grew by nearly half, as it saw a surge in coronavirus patients earlier this year. The Environment Ministry reported that from April to July, when infection rates peaked, over 19,000 metric tonnes of infectious waste were collected.
But most of this waste comes from hospitals, clinics and labs, which by law have to segregate, disinfect and label biohazard waste before they turn these over for disposal in landfills.
Largely unaccounted for are masks, face shields, gloves, hand sanitiser and other PPE used by the public.
The volume is likely massive.
“We rank second in South-east Asia with the most number of Covid-19 cases. We can just imagine how staggering the figures would be for the disposable personal protective equipment being used daily and discarded,” said Ms Gloria Ramos, vice-president of conservation organisation Oceana Philippines.
Filipinos are Asia’s top users of masks, due to a government mandate requiring everyone to wear masks and face shields when going out. A survey in September showed four in five Filipinos comply with this rule.
“We’re seeing all of these PPEs starting to pop up everywhere, whether on the road or in neighbourhoods or showing up in waste shipments,” said Ms Marian Ledesma, a campaigner for Greenpeace Philippines.
The Asian Development Bank estimates that Manila alone – home to close to two million people – dumps 280 metric tonnes of medical waste, including masks, a day. That is not surprising. In August last year, close to 58 million masks were coming out of factories that turbocharged production amid a dearth of supply.
Environment and health officials are always reminding the public to segregate their masks and face shields for separate disposal. But this seems to be the extent of their remit, and an already pandemic-weary public isn’t too eager to comply.
Nearly every household lumps its masks, gloves and face shields with its other garbage. In poor districts where no one comes to collect the garbage, rubbish is bundled inside plastic bags that are thrown into the nearest dump, creek or river and ultimately ends up in the world’s oceans.
“Single-use plastic is already a problem. What we’re seeing on the surface is only the tip of the iceberg. There’s so much lying on the ocean floor – and now not just plastics but face masks too,” said Ms Ramos.
She said her group has received reports of masks washed up along beaches in La Union province, 260km north of Manila, and on the seabed in Batangas province, just a two hours’ drive south of the capital.
“In the Philippines, we don’t have data on the volume of masks leaching into the ocean. But it is safe to say that they are already impacting marine life and aggravating the plastic pollution problem,” said Ms Ramos.
Groups like Greenpeace and public health advocates are urging the government to step up its push for the public to use reusable masks and stay home as much as possible.
“When we have less trash to deal with, it alleviates our waste problem,” said Greenpeace’s Ms Ledesma.
The Environment Ministry is toying with the idea of loosening the Clean Air Act to allow incineration of medical waste. But that does not sit well with environment advocates.
“That’s something we don’t support… It really just opens another can of worms,” said Ms Ledesma.
Incinerating garbage, especially plastic-based waste like masks, will release toxic fumes into the air, causing respiratory illnesses that could just aid the spread of Covid-19, she said.
Environment Undersecretary Benny Antiporda, who oversees local government units and solid waste management, said incineration is “Plan Z” – the very last resort.
He said the government was instead planning to build 10 to 30 new sanitary landfills, although the soonest that one can be up and ready is six months. Only two landfills currently handle Metro Manila’s medical and biohazard waste.
The Philippines’ problems with dumping could persist well after the world has rid itself of Covid-19, said Ms Ledesma.
In October, customs officials found 30 containers sent in two shipments from the United States that were declared as corrugated cartons but actually contained bales of waste material, enveloped in cardboard and bound with plastic twine. Bits of plastic wrap, aluminium container and paper could be seen sticking out. Also found were discarded masks.
Ms Ledesma said the Philippines, with a bureaucracy prone to corruption, could end up as a dumping ground for biohazard waste from nations such as the US, where the coronavirus struck the hardest.
“What we’re seeing is that even with all the safety precautions and regulations in place, there are still loopholes that can be exploited. We expect nations hit hard by Covid-19, instead of dealing with their own wastes, would just opt to export it – and the Philippines becomes a dumping ground for all these,” she said.
Down in the dumps, Indonesia struggles to control growing amounts of Covid-19 waste
At the Burangkeng dumpsite on the eastern edge of Indonesia’s capital, green and blue surgical masks and white rubber gloves are strewn among the detritus of daily household living.
Under the scorching sun, waste picker Oom Komalasari, 48, protected by only socks and gloves, sifts through the refuse for anything of value as goats scavenge the same foul-smelling trash for food.
She then hikes to the mountain of solid waste churned out by three bulldozers moving at a full throttle, as trucks line up to unload their trash.
Even prior to the coronavirus pandemic, the single mother of five had often found medical waste such as needles and intravenous fluid bottles scattered among the garbage. But now there is more.
“Nearby factories dispose of their masks and gloves here and many more have been thrown here lately,” Ms Oom told The Straits Times during her break.
The situation is not unique to Burangkeng. In late May last year, sheet piles at the Cipeucang dumpsite on the western edge of Jakarta collapsed, sending debris including masks and gloves into the Cisadane River. The river is the main source of water for Tangerang city’s nearly 2.3 million residents.
Environment group Banksasuci Foundation found around 50 items of medical waste, including masks, in the river each day from the end of May to July last year, after which the numbers declined gradually.
The two dumpsites illustrate the struggle faced by Indonesia’s 270 million people to manage the nation’s huge mountains of waste, which has been exacerbated by the pandemic.
Indonesia is still struggling to contain the number of coronavirus infections. The country has suffered South-east Asia’s worst coronavirus outbreak.
Long before the pandemic, medical waste was already dumped on empty land and into watersheds and rivers in Jakarta and its satellite towns, despite environmental rules, said Mr Bagong Suyoto, head of the coalition.
“After the pandemic we found many more places made into illegal dumping sites for the medical waste,” he said. “Most were masks.”
Last October, used Covid-19 test kits and hazmat suits from a health clinic in the nearby Jababeka industrial estate were found on a street side in Bekasi, local media reported. Instead of incinerating the waste or hiring a waste disposal company, the clinic had resorted to illegal dumping instead.
To address reports of medical waste management, the Environment and Forestry Ministry ordered regional governments on Oct 27 last year to bar hospitals and other healthcare facilities from disposing their waste in landfills, which are intended for household trash only.
The Environment and Forestry Ministry estimates medical waste has increased between 30 per cent and 50 per cent since last March.
In total, medical waste generated from the start of the pandemic in March to October last year across Indonesia’s 34 provinces amounted to 1,662.75 metric tonnes, the ministry’s director general for management of rubbish, waste and toxic and hazardous materials Rosa Vivien Ratnawati said last November.
Only 118 hospitals out of 2,925 hospitals and community health centres nationwide operate incinerators, while only 17 waste disposal companies are licensed to manage toxic and hazardous materials, and all are located on Java island.
That leaves about 88 metric tonnes of medical waste that cannot be managed properly each day due to the lack of facilities, according to the ministry’s estimate.
The government plans to build 32 waste management facilities to tackle toxic and hazardous waste by 2024.
Despite the enormous challenges, a few regions have managed to set up a system to address Covid-19 related waste smoothly.
Jakarta, for instance, has provided special bins for medical waste at some 200 temporary disposal sites as well as disposal sites dedicated for toxic and hazardous materials across the city, while residents can also hand over masks to waste pickers circulating in neighbourhoods. The city has hired PT Wastec International to collect the masks from municipal disposal sites for incineration.
Disposable mask waste produced by Jakarta residents totalled 203kg in April last year, when the city’s environment agency first collected the data. As of December last year, this figure amounted to 1.21 metric tonnes.
Mr Amri Restu Rianto, who supervises the Kramat Jati disposal site in East Jakarta, said that prior to the pandemic, masks were treated as residual waste with no economic value and were consequently dumped into the Bantargebang landfill in Bekasi, West Java.
Bantargebang is the largest landfill in South-east Asia. The Kramat Jati disposal site collected 128.3kg of masks from April to December last year.
“During the pandemic, disposable masks have been treated differently as they are considered infectious waste,” Mr Amri said, adding that this practice will likely continue even after the pandemic ends.
Mr Muhammad Reza Cordova, a researcher at the Indonesian Institute of Sciences’ (Lipi) Research Centre for Oceanography, said that the government had to act promptly to build incinerators as the pandemic continues to grip Indonesia, to avert improper disposal, particularly in waterways and the ocean.
Healthcare waste made up 16 per cent of the total garbage floating in Cilincing and Marunda estuaries in Jakarta Bay in March and April last year, according to Lipi’s survey.
Plastic waste remains a huge problem for Indonesia, the second biggest marine plastic polluter after China. Plastic waste fouls many major rivers in Indonesia, which then washes out to sea where bottles to food packets to flip flops wash up along coastlines across the archipelago. The waste can ensnare sea animals or is eaten by birds, turtles or whales that mistake it for food.
“Our biggest concern is that the masks can serve as a new source of micro plastics polluting the ocean,” Mr Reza said, adding that when fish and other animals eat the tiny plastic particles, it could be detrimental to human health when people eat tainted seafood.
Jakarta Environment Agency spokesman Yogi Ikhwan said: “With the presence of a proper system in medical waste management, the increase in mask waste should not create a new problem to the environment.”
At the Kramat Jati disposal site, waste sorter Mr Mirta fears catching the virus. He says he always wears personal protection equipment while sorting out masks from all over East Jakarta.
“Performing my duty makes me scared. I fear that I will bring the virus home and spread it to my family,” the father of two said.
In contrast, at Burangkeng landfill, Ms Oom, wearing neither mask nor boots, ruled out the possibility of contracting Covid-19 as she believes the coronavirus would not survive the heat generated by the garbage.
In her 17-year job of sorting trash there, she said she only got sick occasionally and sought treatment for either itchy skin or the flu.
“Whether we catch the disease or not depends on our fate. It’s about destiny,” she said.
A Growing environmental problem emerges amid Covid-19 pandemic.
Part one of a special report.
When you think of the Covid-19 pandemic, one item probably symbolises it more than any other: the disposable mask.
Across the globe, mandatory mask wearing has saved countless lives and made everyday life safer.
But the surge in mask use has a dark side. It is estimated that billions of masks are used daily across the globe and this is creating a growing environmental problem that could last much longer than the pandemic.
Disposable masks are made from plastics, which can take decades to break down in the environment.
In addition to mask usage, the pandemic has led to a surge in other plastic waste, from single-use food containers and bags to huge amounts of personal protective equipment (PPE) from hospitals and businesses.
Conservationists and non-governmental organisations are increasingly concerned that a lot of the plastic waste, especially Covid-19-related waste, is ending up in landfills, waterways and oceans, adding to the millions of tonnes of plastic waste already dumped into the world’s oceans every year.
Dr George Leonard, chief scientist at US-based Ocean Conservancy, said: “Without question, pandemic-related gear like gloves and masks are hurting sea life.
“Sea birds, turtles and other ocean animals can get tangled up in mask elastics, or choke on masks and gloves that end up along shorelines or in the water.”
Mr Subhash Chandran, 32, knows the threat well. He has been diving underwater to clean up the seabed in the coastal city of Visakhapatnam in Andhra Pradesh, India.
Last November, when volunteers did their first underwater cleanup during the pandemic, they saw the ocean choked with masks, gloves and empty medicine sachets.
“Normally we find a lot of plastic bottles and wrappers. After the pandemic, we found 1,500kg of mostly N95 masks, surgical masks, tablet packets and gloves.
“I consider the ocean my second home, but it is a Covid-19 dump yard today,” Mr Chandran said.
In Jakarta and Manila, large amounts of Covid-19 waste, from masks to gowns, are dumped in landfills or along the roadside. Some find their way into rivers and seas.
While officials have been trying to improve on collection and disposal, especially from hospitals, large amounts are still being dumped rather than incinerated.
The Philippines ranks second in South-east Asia with the most number of Covid-19 cases after Indonesia.
“We can just imagine how staggering the figures would be for the disposable personal protective equipment being used daily and discarded,” said Ms Gloria Ramos, vice-president of conservation organisation Oceana Philippines.
“Single-use plastic is already a problem. What we’re seeing on the surface is only the tip of the iceberg.”
“There’s so much lying on the ocean floor, and now not just plastics but face masks too,” said Ms Ramos.
Unmasking the threat
So how great is the threat from masks?
That is still unclear but evidence from The Straits Times correspondents in Indonesia, India and the Philippines point to worrying signs. ST also interviewed a variety of experts who point to an emerging problem.
Dr Denise Hardesty, a marine plastic waste scientist from Australia’s national science agency CSIRO, said more data is needed to get a clearer picture.
“One would anticipate that it would be an issue, particularly because people are going to be much less likely to want to pick up a littered mask on the ground than they would, say, a candy wrapper, because people would have fear around Covid-19,” she told ST.
She noted that the coronavirus outbreak has led to a huge increase in mask usage but in South-east Asia, it was already common to wear masks prior to the pandemic, so more data is needed on pre-pandemic and current mask usage.
What is clear, though, is that masks and other PPE waste are already washing up on beaches around the globe.
International Coastal Cleanup run by Ocean Conservancy has recorded tens of thousands of pieces of PPE as of early November, with more detailed data expected in the coming months, Dr Leonard said.
In a separate coastal cleanup, thousands of PPE items, mainly masks and gloves, were also recorded during a three-week waste collection exercise involving participants from 78 countries during September and October last year. The cleanup was organised by the Alliance to End Plastic Waste, an industry body.
Mask manufacturing has rapidly become a multi-billion-dollar industry to meet spiralling demand.
Last June, researchers estimated that 129 billion masks were used and disposed of every month. At roughly 3.5g each, that equates to 451,500 tonnes of masks a month and would cover an area roughly three times the size of Singapore.
One of the authors of the study, Professor Tony Walker from the School for Resource and Environmental Studies at Dalhousie University in Canada, told ST that estimate may now be conservative.
“Now it’s a full-blown pandemic. With many countries having mandatory non-medical mask wearing in public places, the numbers would be even more staggering.”
A study published last September by British site finder.com estimated that Britons were sending more than 1.6 billion disposable masks to landfills each month.
Forever plastic
With the pandemic showing no signs of slowing, single-use masks will continue to be used in large numbers for some time to come.
“We are in a health crisis at a global level and there’s a strong encouragement across all countries in terms of the use of single-use or reusable masks. And I think that number will only go up as we go forward,” said Mr Jacob Duer, chief executive of the Singapore-based Alliance to End Plastic Waste, which is working on solutions to reduce plastic waste globally and boost recycling.
But he said in the long term, single-use mask usage will not necessarily continue to rise. “I think it will see a flattening out at one point because we will transition to reusable masks.”
Asia remains a key focus for the group because of the huge amounts of mismanaged plastic waste in the region.
The Burangkeng dumpsite on the eastern edge of Indonesia’s capital provides an example. Surgical masks and rubber gloves are mixed in with daily household rubbish, as goats scavenge the trash for food.
Waste picker Oom Komalasari, 48, said prior to the pandemic, she often found medical waste such as needles and intravenous fluid bottles scattered among other garbage. Now, there are more.
“Nearby factories dispose of their masks and gloves here, and many more have been thrown here lately,” she said.
For Dr Leonard, the surge in production and use of Covid-19-linked single-use plastics will likely haunt humanity and the environment for years to come. “Perhaps what’s so troubling is that plastics never break down, so we really can’t operate with an ‘out of sight, out of mind’ attitude,” he said.
PREMIO NOBEL. El ganador de ese reconocimiento por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático estudia la Amazonía desde 1975. Foto: Universidad de Sao Paulo (USP)
Algunos de los recientes problemas globales han demostrado estar relacionados con cambios en el ambiente. Desde la actual pandemia de la Covid-19, cuyo origen apunta a estar vinculado al salto de un virus desde la especie animal hacia el humano, hasta las sequías en países como Estados Unidos y México, y los incendios en la Amazonía en el 2019 y en Australia en el 2020. Los científicos lo han advertido: la deforestación y el calentamiento global alteran los ecosistemas e impactan en nuestras vidas.
Carlos Nobre, científico y meteorólogo brasileño, ha dedicado su vida a estudiar la Amazonía. Comenzó en 1975 en el Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) y, desde entonces, investiga la relación entre el clima y la región amazónica. Su trabajo lo ha llevado a concluir que estos bosques y sus ecosistemas son claves para mantener el equilibrio climático y que factores antropogénicos como la deforestación y el calentamiento global podrían empujarlo hacia, lo que él ha definido, la “sabanización de la Amazonía”.
El investigador sostiene que si la deforestación excede del 20% al 25% del área total de bosque amazónico brasileño, se cruza un punto de inflexión, de no retorno. “Estamos en alrededor del 17% de deforestación, por lo que, no estamos muy lejos de superarlo”, alerta.
¿Cuál es la importancia de la Amazonía para el balance climático?
La Amazonía es una región en la que el bosque juega un papel muy importante, puesto que mantiene la estabilidad climática. El bosque a lo largo de la Amazonía evolucionó durante millones de años, particularmente en las tierras bajas, reciclando agua de manera muy efectiva.
¿Cómo funciona este reciclaje del agua?
Llueve, las raíces absorben el agua y luego las hojas transpiran, por lo que la atmósfera se moja y eso ayuda a producir nuevas nubes y nueva lluvia. Ese ciclo continúa a través del Amazonas proveniente de los vientos alisios que llegan del Océano Atlántico. Se recicla muchas veces, las nubes de agua se reciclan de 5 a 8 veces.
Lo que se conoce como “ríos voladores”
Sí, este es un aspecto evolutivo del clima amazónico, que es totalmente causado por los bosques, principalmente, de tierras bajas cerca de los Andes. Esto es único en términos de mantenimiento de la Amazonía; en resumen, la selva tropical solo existe porque existe la selva. Entonces, el bosque no es solo una respuesta a la meteorología, sino que ayuda a producir la lluvia que mantiene los bosques.
¿Qué papel juega la región amazónica a nivel global?
A nivel mundial, los bosques almacenan entre 120 y 150 mil millones de toneladas de carbono, por lo que es una gran reserva de carbono. Eso es muy importante para la estabilidad climática: mantener el carbono en los bosques.
No podemos perder la Amazonía si queremos mitigar el calentamiento global.
¿De qué manera la deforestación altera este sistema natural?
Muchos estudios han demostrado que si quitas el bosque, pierdes esa capacidad de reciclar el agua, luego la estación seca comienza a alargarse y esa área se vuelve más caliente. Esos son los impulsores de lo que llamamos sabanización. Esas áreas tendrían el clima tipo sabana. Esa era una hipótesis en 1990, entonces la cuestión es que muchos otros estudios están mostrando estas tendencias de sabanización en la Amazonía. Estamos muy cerca de este punto de inflexión.
¿Cúal es la situación actual?
Si miramos el sur del Amazonas viniendo desde el sur de Bolivia hasta el Atlántico, vemos que la estación seca se está alargando. En los últimos 40 años, ha aumentado de tres a cuatro semanas. En estas áreas, durante la estación seca, hace más calor hasta tres grados más caliente. Además, el bosque está perdiendo la capacidad para reciclar agua.
La deforestación impactaría, principalmente, en la temperatura de la Amazonía
Así es. Además, las estadísticas muestran que la tasa de mortalidad de árboles típicos del bioma amazónico y típicos del clima húmedo están aumentando. La tasa de mortalidad de esas especies está aumentando en áreas donde la estación seca es cada vez más larga, particularmente en el sur del Amazonas. Entonces, cuando se juntan todos estos elementos, podemos ver estas tendencias hacia la sabanización. Estamos muy cerca del punto de inflexión.
¿Cuál es el punto de inflexión o no retorno de la deforestación en la Amazonía y cómo nos encontramos actualmente?
En un estudio en el que participé calculamos que si la deforestación excede del 20% al 25% del área total de bosque amazónico brasileño, se cruza el punto de inflexión. Estamos en alrededor del 17% de deforestación, por lo que, no estamos muy lejos de superarlo. Si no llevamos la deforestación a cero muy pronto, entre 15 y 30 años podríamos pasar el punto de no retorno. Y si superamos el punto de inflexión, la sabanización se vuelve irreversible.
La deforestación sería el principal causante…
Además de la deforestación, el cambio climático debido al calentamiento global también puede causar el punto de inflexión, porque si continuamos con el calentamiento global, los sistemas hidrológicos, los sistemas de lluvias en la Amazonía cambiarán. Incluso si se logra la deforestación cero, pero el calentamiento global continúa, cuando la temperatura alcanza los cuatro grados, los ciclos hidrológicos cambiarían muy marcadamente en la Amazonía, habría menos lluvia y la estación seca sería mucho más larga.Es por eso que el documental “Breaking Boundaries” habla de la conectividad entre estos elementos de inflexión: calentamiento global y deforestación regional.
¿Qué medidas se deben adoptar para revertir esta situación?
Hay pruebas claras de que estamos muy cerca del punto de inflexión. Entonces, la acción inmediata es la deforestación cero en unos pocos años antes de 2030, y al mismo tiempo, tenemos que comenzar a aumentar la restauración. Tenemos que liderar muchos programas de restauración forestal, en particular, los países con mayor deforestación. Esto es obligatorio, tenemos que ir muy rápido en esa dirección. En segundo lugar, tenemos que encontrar un nuevo tipo de desarrollo económico para la Amazonía: lo llamamos “una nueva bioeconomía”. Hay ejemplos emergentes como los sistemas agroecológicos que aportan ingresos a las poblaciones locales, mejor calidad de vida, y dan el ejemplo de que el potencial de esta nueva economía es muy grande. Esto también necesita inversión en ciencia y tecnología para convertir el producto forestal en productos que lleguen a los mercados globales.
Este artículo, publicado por primera vez aquí, fue compartido como parte del World News Day 2021, una campaña global que destaca el papel fundamental del periodismo basado en hechos a la hora de proveer noticias e información fiables al servicio de la humanidad. #JournalismMatters
HISTORIA. En 200 años de independencia, la población indígena de la Amazonía ha registrado abusos y ha sido marginada de la sociedad peruana. Composición: Claudia Calderón.
En noviembre de 1832, apenas 11 años después de la proclamación de la independencia en Perú, el Congreso aprobó la creación de Amazonas, un nuevo departamento que según el documento de la época buscaba tener una gran influencia en “la civilización de las tribus salvajes”. Unos años más tarde, en 1868, se constituyó Loreto y se oficializó a Iquitos como su capital. El desconocimiento y los prejuicios del Estado sobre este territorio y los pueblos que lo habitan continuó durante los siglos siguientes. Solo después de más de 150 años de vida republicana se reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas, que hoy suman más de 2.300 en 11 regiones del país. ¿Qué ha cambiado más allá de eso en 200 años de Independencia?
Antes de la constitución de los departamentos ubicados en la frontera peruana, las expediciones de extranjeros hacia la Amazonía ya habían empezado. Pereyra Plasencia recuerda la visita del inglés Henry Lister Maw a fines de 1827 e inicios de 1828, época donde navegó el río Amazonas para llegar a Chachapoyas, Moyobamba y Loreto. “Es el primer viajero moderno del siglo XIX que recorre transversalmente el país”, señala el cuarto volumen de la Relación de Viajeros incluido en la Colección Documental de la Independencia del Perú.
El investigador Alberto Chirif señala que en las primeras décadas de la independencia la Amazonía “era vista como un espacio vacío, por colonizar y que estaba llena de recursos que podían solucionar todos los problemas del Perú”. En el libro “Después del caucho” (2017), el reconocido antropólogo sostiene que para el reciente estado, el imaginario de la selva era de una región “de gran riqueza, pero habitada por pobladores salvajes”.
La creación de los departamentos de Amazonas y Loreto, en los primeros años de la república, respondió sobre todo a una motivación geopolítica para establecer las fronteras con la entonces Gran Colombia y Brasil. “Había un interés de los nuevos estados de América del Sur de afirmar su independencia”, explica Hugo Pereyra Plasencia, historiador y miembro de la Academia Nacional de la Historia.
Aunque estos territorios, remotos en su acceso, eran usados por personas que huían de la justicia. Lo cuenta el antropólogo e investigador del Laboratorio de Antropología Social del Colegio de Francia, Esteban Arias Urízar: “en los escritos del siglo XV se indica que muchos españoles fugaban a la selva para huir de la justicia del virreinato y fundaron pequeñas colonias en comunidades que eran indígenas. Entre el siglo XVII y XVIII se dan cuenta que la Amazonía es tan rica que podría ser explotada”, explica.
Con el avance de la república, el interés por explorar la Amazonía fue el de buscar rutas de comunicación, conocer potenciales recursos para la industria y ubicar tierras que podían ser colonizadas. El reconocimiento de las comunidades indígenas llegó más de 150 años después, con la promulgación de una ley durante la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, en 1974, que reconoció la “existencia legal y la personalidad jurídica de las comunidades nativas”.
A lo largo de todo el proceso republicano, la Amazonía peruana también ha registrado una serie de demandas de los pueblos indígenas que en los últimos años enfrentan no solo el avance de las actividades ilegales en sus territorios, sino también las amenazas y asesinatos de sus defensores: desde 2013, un grupo de 14 líderes indígenas ha sido asesinado en Perú.
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Época del caucho: abusos y transición
En 200 años de historia republicana, la Amazonía ha sido vista como un territorio para la extracción de recursos naturales. María Luisa Burneo De la Rocha, antropóloga e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), coincide en que parte de la sociedad del siglo XIX tenía un imaginario de la selva como una “tierra de frontera para ir a explorar y extraer”.
Sostiene que esta mirada predominó durante el primer período republicano (1821 – 1899) y que a fines del siglo XIX, esa idea de que “la Amazonía era tierra de nadie”, desencadenó “las atrocidades durante la primera fase de extracción y explotación del caucho”. La antropóloga hace énfasis en uno de los temas en que varios investigadores coinciden: “Hay poblaciones amazónicas que históricamente no solo han sido marginadas del Estado en formación, sino que han sido sujetos de despojo de sus territorios y explotación”.
El aumento de la población en la ciudad de Iquitos durante aquellos años refleja el interés económico detrás de la migración hacia la Amazonía a fines del siglo XIX. En 1900, la capital de Loreto registró 20 mil habitantes, 100 veces más personas respecto a 1851, según cifras recogidas en una publicación del Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos.
Históricamente las poblaciones amazónicas no solo han sido marginadas por el Estado en formación, también han sido sujetos de despojo del territorio.
Los abusos y violaciones de derechos humanos impulsados durante la época del caucho fueron recogidos en parte por Roger Casement, canciller inglés que investigó las denuncias contra la compañía The Peruvian Amazon Co, en 1910. En sus informes, recogidos luego en el denominado Libro Azul se incluyen transcripciones de entrevistas realizadas a trabajadores y extrabajadores de la cauchera, quienes describieron los abusos cometidos contra los indígenas explotados por la empresa, que operaba en la triple frontera del río Putumayo en Brasil, Colombia y Perú.
“Las flagelaban [a las mujeres] si tenían un hijo que no traía suficiente caucho; si era un niño demasiado pequeño para ser flagelado, flagelaban a la madre”, indica uno de los relatos incluidos en el texto que cuenta cómo actuaban los administradores de la compañía cauchera contra los indígenas de la zona.
En las décadas posteriores —entre 1930 y 1940—, con el avance del negocio del caucho, la política del estado hacia la Amazonía estuvo centrado en la construcción de nuevas carreteras. A la par, comenzó un proceso de migración y la incorporación de misiones religiosas.
El antropólogo Esteban Arias sostiene que en 1941 se registró un hito en la migración más intensiva hacia la Amazonía. Ese año se inauguró la vía Huaura – Pucallpa que conectó la costa peruana con la selva de Ucayali. La instalación de este camino se dio en medio de la Segunda Guerra Mundial y cuando en Perú había la necesidad de llegar a Brasil para “conectar con el Atlántico”, un hecho que no había ocurrido en un siglo de la era republicana.
La conexión terrestre hacia la Amazonía generó que en los años y décadas posteriores aumente la migración de personas del centro y sur peruano, quienes se establecieron en la selva para dedicarse a la pequeña agricultura y la extracción de madera. El interés por la construcción de carreteras que atraviesen y corten los bosques persiste hasta la actualidad.
Entre 2016 y 2021, diferentes bancadas del Congreso de Perú presentaron 14 proyectos de ley para declarar de interés nacional la construcción o mejoramiento de vías en regiones de la Amazonía.
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Años extractivos
La migración hacia la Amazonía, como consecuencia de la actividad cauchera, instaló la idea de que esta parte del país era un territorio por conquistar. La mirada económica sobre los bosques se acentuó durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry (1963 – 1968), quien en su primer Mensaje a la Nación del 28 de julio planteó la unificación de todas las Fuerzas Armadas para crear “cuerpos de colonización y desarrollo del país” en zonas de selva alta y baja.
Durante este gobierno también se registró una de las peores masacres contra los pueblos indígenas del Perú. A inicios de 1964, en Loreto, miembros del pueblo matsés enfrentaron a invasores que pretendían construir una trocha hacia la frontera de Brasil con el fin de extraer madera de forma ilegal. Al tomar conocimiento de los hechos e intentar controlar la disputa, el gobierno ordenó a los militares contener el enfrentamiento con el uso de helicópteros. Los investigadores de la época, entre ellos Alberto Chirif, señalan que los militares arrojaron contra los indígenas napalm, un líquido inflamable usado en la guerra y que causa quemaduras severas.
A partir de 1960 empiezan otras actividades extractivas que también han generado disputas en la Amazonía como el gas, petróleo y la pequeña minería. A ellas se sumó la deforestación, en su mayoría generada por la agricultura migratoria de personas provenientes de otras regiones del país y extranjeros que se establecieron en la selva de Junín y Pasco. “Los bosques van siendo depredados a gran velocidad porque los recursos se explotan sin ninguna racionalidad”, resume Alberto Chirif sobre las actividades de esos años.
La migración hacia la Amazonía instaló la idea de que esta parte del país era un territorio por conquistar.
El avance económico de otros sectores en la Amazonía también coincidió con la organización de territorios indígenas en diferentes asociaciones con representatividad hasta hoy. En este contexto, hay tres hechos que cambiaron a la Amazonía desde 1980 hasta fines de 1990: “la época cocalera, la tala ilegal que es violenta y la minería informal”, dijo la antropóloga María Luisa Burneo, antes de mencionar las últimas décadas de extracción intensiva de recursos en la Amazonía.
En la etapa que empezó a mediados del 2000, la expansión de industrias agroindustriales y monocultivos —como palma aceitera y cacao— han desencadenado conflictos por tierras sobre todo en las regiones Loreto y Ucayali, pero también en algunos casos asociados al avance de cultivos de hojas de coca. Por ejemplo, a mediados del año pasado, OjoPúblico informó que la exportación de palma aceitera no garantizaba el uso de insumos sin deforestación. En otra publicación, este medio advirtió sobre cómo otra empresa del sector operaba sin certificación ambiental.
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El estudio de la deforestación
En el campo científico, el ecólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Ernesto Ráez Luna, destaca para la historia de la Amazonía el papel de la Estación Biológica de Cocha Cashu (EBCC), un centro de investigación instalado hace más de 50 años en el Parque Nacional del Manu en Madre de Dios. “Mucha de la investigación que se ha producido sobre la Amazonía proviene de ese lugar. Es considerada una de las más importantes estaciones biológicas de bosques tropicales en el mundo”, explica Ráez Luna.
Desde inicios de la décad de 1970, a la Amazonía peruana también empezaron a llegar científicos extranjeros como John Terborgh, John W. Fitzpatrick o Ted Parker, quienes iniciaron el camino de la investigación en este territorio. “No sé si haya sido una revolución, pero la comprensión del ecosistema amazónico ha tenido un gran cambio a partir de ese momento”, agrega Ráez Luna.
Una de las principales amenazas para esta región es la deforestación. El biólogo señala que las primeras advertencias sobre la pérdida de bosques datan de 1980. “Hubo campañas para salvar la Amazonía y se llegó a detener hasta cierto punto ese avance, pero eso se ha perdido en gran medida en este siglo. Estamos viendo el extractivismo más salvaje”, dijo.
El investigador y actual director ejecutivo del Instituo del Bien Común (IBC) explica que desde 1990 se desarrollaron los denominados sistemas de información geográfica que han pretendido monitorear la selva por encima de un análisis realizado al interior de los mismos territorios amazónicos, “que permiten un estudio cercano de las especies, y generar una mejor relación con las comunidades y autoridades”.
“Tenemos un montón de observatorios manejados con personas de no mucho o nulo conocimiento ecológico, que producen mapas de colores que muchas veces registran la destrucción. Pero lo que están haciendo es registrar el apocalipsis. Si tú compruebas que alguien deforestó, ya es encontrar un homicidio. Una alerta temprana sería evitar el homicidio”, explicó.
RETROCESO. El año pasado se registró la deforestación más alta desde el 2001. Se perdieron más de 203 mil hectáreas de bosques.
Foto: OjoPúblico.
Entre 2001 y mediados del 2021, en el Perú se han deforestado más de 2,6 millones de hectáreas de bosques. Esta cifra representa más de 2.600 veces el área del distrito de San Isidro o 200 veces la extensión del centro de París, una de las principales capitales europeas para el mercado de la madera de origen peruano. Los datos oficiales del Ministerio del Ambiente (Minam) señalan que solo el año pasado se tuvo el registro de deforestación más alto desde 2001: se perdieron 203 mil hectáreas de bosques. Las regiones más afectadas fueron Ucayali, Loreto y Madre de Dios.
Si se revisan los datos históricos de deforestación por distrito, la provincia de Puerto Inca (Huánuco) tiene a cuatro localidades entre las diez más afectadas: Yuyapichis, Codo del Pozuzo, Puerto Inca y Tournavista acumularon en conjunto más de 228 mil hectáreas de bosques perdidos entre 2001 y 2019.
De acuerdo al plan de desarrollo regional de Huánuco al 2030, el cambio de uso de tierras para fines agrícolas fue la principal causa de la deforestación en esta región. La coordinadora del programa de bosques y cambio climático de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Isabel Gonzales Icaza, explica que este tema local se extiende al resto de la Amazonía debido a que los pequeños agricultores son quienes deforestan por “una necesidad de generar sus ingresos o cultivar sus propios alimentos [para el autoconsumo]”.
Los datos oficiales del Minam señalan que solo el año pasado se tuvo el registro de deforestación más alto desde 2001 en Perú.
Si bien las cifras del 2020 todavía son preliminares, los entrevistados coincidieron en que una de las razones del aumento en la pérdida de bosques estuvo relacionada a la pandemia porque limitó el trabajo de supervisión del Estado y las actividades ilegales no se detuvieron. El procurador del Ministerio de Ambiente, Julio Guzmán Mendoza, indicó que la ausencia de las actividades representó un “repliegue de las fuerzas” y que en términos generales fue un “retroceso” en el trabajo contra la reducción “del desbosque y la pérdida de cobertura no autorizada”.
En su respuesta sobre los resultados del año pasado, el Minam indicó a este medio que el aumento de cifras de deforestación respondía a una “reducción de la capacidad de monitoreo y control por parte de los agentes de gobierno” y que “una reversión repentina de la ciudad al campo había gatillado altas tasas de deforestación en todo el mundo y el Perú no es la excepción”.
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El futuro de la Amazonía peruana
El gobierno de Pedro Castillo, eligió al abogado y militante de Perú Libre, Rubén Ramírez Mateo, como ministro de Ambiente. Sin embargo, no registra ningún tipo de experiencia vinculada a la gestión de estos temas.
Pese a la incertidumbre por el escenario político, el procurador del Minam, Julio Guzmán, es optimista respecto al trabajo pendiente de los próximos años, entre ellos la ejecución de la estrategia de lucha contra la tala ilegal 2021 – 2025. Este documento, aprobado a inicios de julio pasado, ha considerado criterios para enfrentar de manera efectiva a este delito.
“Te aseguro que vamos a descender la deforestación por debajo de las 100 mil hectáreas año año. Por primera vez en la estrategia se va a articular la utilización de las imágenes satelitales con otras instituciones operativas del gobierno”, dijo a OjoPúblico el procurador Guzmán.
Por su parte, el biólogo Ernesto Ráez apunta como prioritaria la titulación y ampliación de territorios indígenas. Esta medida, señala, debe ir acompañada del compromiso de los gobiernos regionales para “facilitar y dar viabilidad a las solicitudes de las comunidades”.
De acuerdo a un análisis de la Defensoría del Pueblo, al 2017 todavía habían más de 600 territorios indígenas de la Amazonía que aguardan por completar este proceso, mientras que más del 90% de comunidades tituladas carecía de georeferenciación, situación que ha desencadenado conflictos por superposición o tráfico de tierras.
La bióloga Karina Pinasco Vela, presidenta de la Asociación Amazónicos por la Amazonía, sostiene que se debe empezar a “democratizar la conservación” para que se le otorgue más valor a los bosques de pie debido a que representan el “mejor activo y la conservación y la restauración de los paisajes nuestra mejor inversión”.
La mirada de los diferentes expertos entrevistados aguarda las próximas decisiones del ministro Ramírez, al igual que nuevas iniciativas legislativas que puedan involucrar a los territorios amazónicos. “Por lo menos 200 años después sabemos que existe la Amazonía. La miramos más, aunque todavía no todos la entienden. Hemos tenido y tenemos oportunidades para la gente y los pobladores locales, pero poco a poco vamos perdiendo esas oportunidades por no saber entender este fabuloso escenario y contexto nacional”, finalizó la exministra del Ambiente Lucía Ruiz Ostoic.
Este artículo, publicado por primera vez aquí, fue compartido como parte del World News Day 2021, una campaña global que destaca el papel fundamental del periodismo basado en hechos a la hora de proveer noticias e información fiables al servicio de la humanidad. #JournalismMatters
News organisations around the world are beginning to intensify their reporting on climate change. With World News Day coming up on September 28th, this is an opportunity to look at how newsrooms navigate the operational and ethical issues that can come up in the process of expanding their climate journalism.
In my interviews and an additional survey that I conducted amongst climate reporters, science editors, news editors and editors-in-chief from Asia, Africa, the Americas and Europe, more than two-thirds of all respondents confirmed plans to increase their coverage of the climate crisis.
Newsrooms that expand their climate reporting typically choose one of the following three organisational structures to achieve their goal: They either increase the budget of their existing science desk or set up a whole new climate desk which then operates in parallel with their existing science desk. A third and less common approach is to neither expand existing science desks nor to launch a new climate desk, but to take an interdisciplinary ‘climate hub’ approach with existing staff.
Newsrooms that choose the climate hub approach make sure that interested editors from all their verticals, such as their politics, science, economics, culture or lifestyle desk, meet once or twice a week to discuss and better coordinate their planned stories that touch upon aspects of the climate crisis.
All three organisational models have their strengths and weaknesses. The hub approach is no substitute for having science journalists and climate experts in a newsroom and it requires a highly collaborative newsroom culture for it to succeed. A strong advantage of the climate hub approach is that it can accelerate a news organisation’s transformation towards integrating the climate aspects of any story as naturally as they would include that same story’s financial aspects, no matter which vertical it appears in.
The advantage of a new climate desk then is that it allows for the creation of a new team that has a wider range of expertise than a typical science desk, such as in-depth knowledge of climate policy, of the energy industries, of highly climate-relevant industries such as agriculture, construction or textiles or also of organisational psychology as an important aspect of large-scale societal change.
Compared to the other two approaches, launching a new climate desk tends to have greater PR value for a news organisation if it wants to signal a change in editorial priorities to its potential subscribers and advertisers.
The potential downside of establishing a dedicated climate desk is the internal friction this can create with the staff of an already existing science desk that has been covering climate change in the years past and often with insufficient budgets.
The approach of simply expanding the staff and budget of an existing science desk avoids such friction. It is also easier to implement and it minimises the risk of publishing stories that contain scientific inaccuracies. The risk of this more traditional approach, though, is that an expanded science desk can easily slow down a newsroom’s learning process of increasing everyone’s basic climate literacy and the wider newsroom staff’s interest in what is not only a science topic but a systemic issue.
And, as is so often the case with newsroom changes, all three organisational models completely depend on the engagement and commitment of a newsroom’s senior leadership team to succeed. As long as the chief editor’s team views climate change as a topic or vertical and not as a systemic issue across all desks, climate editors and reporters will struggle to have much of an impact.
This is why the German climate journalist Sara Schurmann, who is currently advising Germany’s public broadcaster SWR on its climate journalism, has suggested a fourth tactic which is to install a temporary ‘managing climate editor’ as part of the chief editor’s team.
This senior specialist would then take part in all relevant editorial meetings of a news organisation so she or he can make other editors aware of the climate aspects of a story and ensure team collaboration where that is useful.
In my research interviews, I not only asked about a news organisation’s plans for expanding their climate reporting but also what the typical obstacles and challenges were for them in achieving that goal.
Many of the newsroom challenges that were then mentioned to me, first in these personal conversations and then again in my survey, are operational challenges, such as the need for climate literacy training in the newsroom, the challenges of dealing with disinformation campaigns and trolls, or the issue that newsdesk editors sometimes hesitate to give a climate change story premium placement on their news agenda for fear that it may not interest their audiences enough.
Amongst the more cultural obstacles that were mentioned to me, the journalists’ fear of being accused of activism if they start covering the climate crisis more frequently than before was the most prominent one.
What struck me here was how this challenge of delineating between journalism and activism was a recurring theme in my conversations with journalists where I had promised them confidentiality. Later on, though, in the written survey to which about 70 international journalists replied, many of them in senior leadership positions, this challenge of not wanting to be accused of activism was only rated as a minor issue by them.
There is recent anecdotal evidence, though, that reporting on climate change is still widely assumed to be the domain of more left or liberal publications. When the UK’s conservative dailies ‘The Sun’ and ‘The Daily Express’ both launched climate-themed campaigns earlier this year, the British trade publication ‘Press Gazette’ still called that ‘surprising’. The editors of both dailies equally felt a need to explain their change of mind.
Their various statements on impartiality, transparency, accuracy or the protection of sources are fairly instructive for the individual stories that a news organisation has already decided to pursue but not as much on the question of why a topic gets covered or not. One of the most effective and least provable forms of editorial activism, of course, does not manifest itself in the topics and events a news organisations reports on but in those it chooses to ignore.
In the early 2010s, when bloggers became more effective in highlighting editorial conflicts of interest and in holding professional journalists to account, many news organisations responded by clarifying their definitions of what constitutes a conflict of interest for their journalists.
Naturally, different publications ended up with different definitions. Financial publications, for instance, often apply stricter criteria on reporting about a publicly-listed company of which a journalist’s relative owns shares than many general interest news publications do. Across the industry, though, leading news organisations have mostly dealt with defining what constitutes a conflict of interest, sometimes against the resistance of their staff.
Given the foreseeable battles over climate policy in many countries, newsroom managers would do their staff and their journalism a favour if they now reviewed their codes of ethics or editorial codes of conduct once more, this time to make sure there is at least a shared understanding in their newsroom of what is activism and, more importantly, of what isn’t activism in covering the accelerating climate crisis.
In many news organisations, it is the younger journalists that care most passionately about the climate crisis. They deserve the ethical clarity and operational support of their senior management in navigating these questions.
The media manager and journalist Wolfgang Blau is taking a year off to study the challenges and potential of journalism in covering the climate crisis. He is currently a Visiting Research Fellow at the Reuters Institute for the Study of Journalism at Oxford University. Before that, he was Global Chief Operating Officer of Condé Nast, Executive Director of Digital Strategy at The Guardian and Editor-in-Chief of Germany’s Zeit Online, a position that won him Germany’s ‘Chief Editor of the Year’-Award. www.wolfgangblau.com
ANÁLISIS. Estudio detectó que en promedio el 37% de muertes por altas temperaturas podían atribuirse al cambio climático. Foto: Andina.
A unos días de la segunda vuelta electoral y en medio de una campaña en la que ninguno de los candidatos presidenciales ha dado propuestas concretas para el sector ambiental, un estudio sobre el impacto del calentamiento global en la salud de las personas, publicado en la revista Nature Climate Change, brinda una alerta respecto a la necesidad de implementar estrategias para reducir los efectos del cambio climático.
La investigación, coordinada por la Universidad de Berna (Suiza) recogió datos de tres décadas pertenecientes a 732 localidades de 43 países y concluyó que, en promedio, el 37% de las muertes mundiales relacionadas al calor se puede atribuir al cambio climático inducido por el ser humano.
En América Latina la relación es aún más preocupante. En Ecuador el 76,6% de las muertes vinculadas con altas temperaturas está relacionado con el calentamiento global, en Colombia, el 76% y en Perú, el 73,5%.
El estudio consideró datos de más de 29 millones de muertes y la carga de mortalidad relacionada con el calor.
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores trabajaron la información disponible bajo dos escenarios: uno donde se consideró la temperatura que se observa en la actualidad y otro alternativo, donde se removió el efecto de cambio climático inducido por el hombre. Es decir, excesos de dióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes que hacen que varíe la temperatura del planeta.
Como parte de la metodología, detallaron los autores, se construyó la base de datos más grande sobre el clima y la salud, con información obtenida a través de la Red de Investigación Colaborativa Multipaíses y Ciudades (MCC) Research Network, el mayor consorcio de datos meteorológicos y sanitarios disponible a la fecha.
Este, sin embargo, no es el primer estudio que analiza la salud en relación con el medio ambiente. En los últimos años, diversos científicos han alertado sobre las respuestas que genera en el organismo la exposición a demasiado calor, humedad o ambos. Por ejemplo, en una publicación de la Asociación Americana del Corazón se identificó que las altas temperaturas podrían generar “un impacto crítico” en siete órganos vitales -cerebro, corazón, intestinos, riñones, hígado, pulmones y páncreas-; y, en última instancia, la muerte.
El impacto del cambio climático en Perú
La nueva investigación señaló que, en promedio, el 73,5% de muertes por calor en Perú estuvieron relacionadas con el calentamiento global, un indicador que casi duplica el promedio mundial. Las cifras ubican al país como el tercer país de América del Sur con mayor relación, solo detrás de Ecuador (76,6%) y Colombia (76%).
Además de Lima, en el estudio se incluyeron otras 17 localidades del norte (Piura, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca), centro (Ayacucho, Junín, Huánuco y Huancavelica), sur (Arequipa, Cusco, Puno y Tacna) y oriente peruano (Loreto, San Martín y Ucayali). En todos los casos se superó el promedio global de 37%, y hubo registros por encima del 80%, como ocurrió en Puno (86,8%) y Lima (81,4%).
En este caso se empleó información del Ministerio de Salud (Minsa) respecto a 208.060 muertes por todas las causas naturales del período 2008-2014. Mientras que las temperaturas revisadas -para la época de verano- se obtuvieron de 18 estaciones regionales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Las 18 localidades peruanas incluidas en el estudio superaron el promedio global (37%) de muertes por calor atribuidas al cambio climático.
El epidemiólogo Gabriel Carrasco Escobar, único científico peruano que participó en el estudio, señaló a OjoPúblico que esta investigación es la primera que contempla un número tan amplio de países y localidades. Esto, destacó, permitió conocer que territorios como Perú, al igual que otros de Sudamérica y del Sudeste Asiático, son zonas donde se registraron más decesos a pesar de tener una menor emisión de gases de efecto invernadero.
“Estamos pagando el pasivo de lo que otros países desarrollados están emitiendo. [Por eso,] tenemos que empezar a hablar en términos de salud global o planetaria. Estas políticas ya cruzan las fronteras de los países. Necesitamos ponernos rápidamente al día para armar planes de mitigación y ponerlos en la agenda con un presupuesto suficiente para lo que viene en los próximos 50 o 70 años”, explicó.
Hallazgos globales
El análisis total de la investigación consideró datos de más de 29 millones de defunciones y la carga de mortalidad relacionada con el calor entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2018. Así, se estudiaron series históricas de ambas variables para todas las localidades, con el objetivo de calcular la relación entre la exposición a temperaturas medias diarias -en épocas cálidas- y la mortalidad por todas las causas o causas no externas.
Si bien la estimación global es del 37%, este porcentaje varía mucho entre las subregiones y los países revisados. Los grupos más altos se detectaron en Asia Occidental (Irán y Kuwait), el Sudeste Asiático (Filipinas y Tailandia), países de América Central y el Caribe (Costa Rica, Guatemala, Panamá y Puerto Rico) y de América del Sur (Ecuador, Colombia y Perú).
En la publicación también se reconocen las limitaciones del análisis respecto a países donde no se logró acceder a información, como gran parte de África y el sur de Asia. En estos casos, el estudio advierte que es difícil predecir los resultados. Por otro lado, los autores señalaron que las estimaciones no deben considerarse necesariamente representativas para cada país porque, en algunos casos, se tomaron datos de apenas una o dos localidades.
La investigación recuerda, asimismo, que el ser humano y la actividad industrial han influido en el aumento de la temperatura global, que hoy tiene una media de un grado centígrado adicional que en la era preindustrial. Algunas ciudades, incluso, se han calentado más de dos grados, exponiendo a las personas a un mayor riesgo de muerte prematura.
“Nuestros resultados proporcionan una prueba más de los beneficios potenciales de adoptar políticas de mitigación fuertes para reducir el calentamiento futuro y de promulgar intervenciones de adaptación para proteger a las poblaciones de las consecuencias de la exposición al calor”, destacaron los investigadores.
Este artículo, publicado por primera vez aquí, fue compartido como parte del World News Day 2021, una campaña global que destaca el papel fundamental del periodismo basado en hechos a la hora de proveer noticias e información fiables al servicio de la humanidad. #JournalismMatters
COLHUÉ HUAPÍ (Chubut).- “Es muy triste, donde antes había agua, hoy existe un desierto”, dice Luis Kruger (75 años) dentro de su casa, tapada y devorada por el polvo en la que fuera una de las orillas más fértiles del lago Colhué Huapí, que llegó a tener 810 km2 y fue el quinto más grande del país. “Lo navegábamos y podías nadar”, recuerda. “Pescábamos percas, era una vida muy linda en familia”, afirma. Unos meses antes de la pandemia, cayó enfermo y debió irse a Sarmiento (a 100 km), en el centro sur de Chubut “El polvo y el salitre del lecho desértico entraron a mis pulmones, me tuve que ir”, sostiene.
La explotación petrolera, intensa y muy presente en la región, el mal manejo hídrico, cientos de canales ilegales que desvían el agua del Río Senguer (desembocaba en el lago) a campos privados, el cambio climático y la necesidad de abastecer cada vez más la demanda de las sedientas Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Coleta Olivia, son algunas de las razones de la desaparición del Colhué Huapí. “El crecimiento de esas ciudades, mataron el lago”, sentencia Kruger. “Ya nadie quiere venir a vivir al campo”, afirma Kruger, con problemas para hablar.
“Dos generaciones de trabajo perdidas, la de mi padre, y la mía”, afirma Kruger, uno de los principales perjudicados por la desaparición del Colhué Huapé. Sin esperanzas y sin poder respirar, en 2019 debió dejar la casa que su padre construyó en 1948. Su estancia tiene 15.000 hectáreas y hasta la década del 90 tuvo 3.000 ovejas. “Era un campo muy productivo”, cuenta. En la actualidad, en un radio de 50.000 hectáreas sólo quedan cuatro habitantes, y la presencia fría y metálica de alguna torre de exploración petrolera. “Algunos dicen que dejaron secar el lago para extraer gas y petróleo”, sugiere Kruger.
“Lleven agua, no hay ni una gota, y el camino es largo”, indica Guillermo Gettig, vecino de Sarmiento (la localidad más cercana) antes de iniciar el viaje a la estancia de Kruger, conocida como la Ciudad de los lagos y referente del colectivo Autoconvocados por la Cuenca del Senguer, un grupo que desde 2016 concientiza sobre la dramática realidad hídrica. El lago Musters y el Colhué Huapí (son parte de esta cuenca), están a diez kilómetros de distancia, uno del otro, y a principios del siglo XX atrajeron a inmigrantes, principalmente a Boers de Sudáfrica, Kruger es descendiente de ellos, aprendió el castellano a los 8 años. El agua sobraba en aquel entonces.
Otro planeta
El camino hasta el Colhue Huapi es un viaje a otro planeta. La estepa se presenta al desnudo. Tierra agrietada, caminos de roca volcánica, puntiaguda, que destroza neumáticos. La vegetación no sobrepasa el medio metro, o es casi nula. A lo largo de cien kilómetros hasta el campo de Kruger (el camino bordea el lago seco) no se ve ni un solo árbol, a veces algún auto viejo oxidado, una tapera y huesos de animales. La huella pasa tranqueras, en ellas se ven colgados zorros y gatos monteses, putrefactos. “Si el lobo huele un lobo muerto, no pasa”, afirma Gettig. Las ovejas, pocas, hay que cuidarlas. “No soy seres humanos por estas tierras”, sintetiza.
Donde se ubica el lago
Aquello que fue un lago, se ve desde lejos. El lecho se convirtió en un desierto, con médanos de polvo plomizo, salitroso, es suelo inorgánico. Nada crece. Los días de viento, el polvo se arrastra hasta formar una fumarola espesa que llega hasta el Atlántico, dejando a Comodoro Rivadavia invadida. La NASA registró en marzo del 2020 uno de estas tormentas desde el espacio y las incluyó en un estudio que asegura que en Marte sucede el mismo fenómeno.
“Hasta el invierno que viene no llueve”, advierte Kruger antes de ver un espectáculo indeseado: su casa tapada por el polvo. “Me hace mal ver el desierto, teníamos un bote, salíamos con mis hijos”, recuerda. El ancla y un remo quedaron en un galpón, tapado de tierra y sedimento. Sólo llueve en invierno, y apenas 60 a 100 mm anuales, después nunca más cae agua del cielo. Está casado y tiene dos hijos. “Había pajonales y nutrias, cacé 15 para poder pagar mi torta de casamiento”, señala donde ahora hay sólo piedras y dunas. Hasta el 2019 aguantó, el lago ya se había secado. “Escuchaba la radio, mensajes al poblador rural”, el programa que difunde pedidos y mensajes de puesteros.
Capitán de barco
Como un capitán con su barco resistió en este rincón inhóspito, rodeado de accidentes geográficos que describen lo agreste del entorno: Pampa Negra, Pampa Cuadrada, Pampa Pelada. Su mujer e hijos se fueron a vivir a Sarmiento. El polvo tapó el alambrado y las pocas ovejas que tenía, se fueron. “Vaya uno a saber dónde están”, dice. En los crueles inviernos quedaba aislado. “Para escapar de la soledad, me iba al pueblo a caballo”, afirma. Pero necesitaba doce horas de cabalgata. ¿A quién pedir ayuda si pasaba algo en el camino?: “No hay nadie, esto es la Patagonia extrema”, afirma.
La desaparición del lago comenzó en la década del 60 cuando se creó el primer acueducto para llevar agua a Comodoro y Rada Tilly, luego se anexaría la localidad santacruceña de Caleta Olivia. La población de estas ciudades creció exponencialmente. El agua nunca llegó a cubrir la inmensa demanda. La toma está en el lago Musters (342 km2, menor al Colhue Huapí, pero con mayor profundidad). Para aumentar la cota, se levantó un terraplén en el falso río Senger, que conectaba este lago con el Colhué Huapí. “Así es como mataron al lago, dejó de entrar agua”, afirma Gettig.
El éxodo de aquellos que vivían del agua del Colhue Huapi fue masivo. En 2019 ya no quedaba nada de agua. “Ni un litro”, grafica Kruger. “Muchos comenzamos a pedir explicaciones”, afirma Gettig. El periodista local Oscar Jensen dirigió en la década del 90 –cuando la desaparición del lago era un hecho, aunque aún remediable- el quincenario Nuestro Sur: dedicó varias tapas a difundir el tema, pero sufrió en carne propia el enfrentamiento con un tema sensible para el entonces gobierno del ex gobernador Carlos Maestro. “Le quitaron la pauta y debió cerrar”, afirma Gettig.
“Existe un mal manejo hídrico, ahora nos quieren secar el Musters”, afirma Gettig. Desde el colectivo ambientalista denuncian falta de control por parte del IPA (Instituto Provincial del Agua) “Hay canales clandestinos que desvían agua del río Senguer a productores agropecuarios”, señala. “Sabemos que la industria petrolera saca agua potable del acueducto”, agrega.
Cuenca
La cuenca del Senguer tiene una superficie de 28.025 km2 y recorre desde la montaña hasta la estepa chubutense, 360 kilómetros. Posee siete lagos, el río Senguer es el emisario natural y nace en el lago Fontana, a los pies de la Cordillera de los Andes y desemboca en el Lago Musters y el desaparecido Colhue Huapi. En su recorrido muchas poblaciones toman agua del río, además de ser la única fuente de este recurso para sostener la producción ganadera y agropecuaria.
“El Instituto Provincial del Agua lleva a cabo tareas de educación ambiental y gerenciamiento para el consumo racional del agua”, afirma el Ing. Nicolás Cittadini, Administrador General de Recursos Hídricos del organismo. Explica que ambos lagos constituyen un sistema endorreico, ya que rara vez vuelcan sus aguas al océano Atlántico. Esta tarea lo hacía el río Chico, hoy absolutamente seco. “Tienen una conducta hidrológica variable”, afirma Cittadini, para justificar la actualidad hídrica. Las causas, asegura, son la evaporación de los lagos, los fuertes vientos patagónicos y las altas temperaturas atmosféricas. La evolución de estos lagos a través de la historia tiene un hito, según estudios, hace 11.000 años ambos formaron uno solo que llegó a tener 4200 km2 y que incluía a Sarmiento, con una profundidad de 60 metros.
En la actualidad el Musters y el Cahue Huapí, no superan los 900 km2. Para el IPA el deterioro natural de la cuenca se debe al “consumo para la producción ganadera y agrícola, la industria y el abastecimiento de agua para Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia”.
Ante las críticas por la situación actual del lago Colhué Huapí, el funcionario responde que es “normal que esté así” Reconoce que la cota del lago Musters está muy baja, y que principalmente Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia están muy preocupadas, “pero no habrá problemas” en el futuro. El IPA espera firmar pronto con el gobierno nacional un convenio para construir una represa en el lago Fontana, para controlar el cauce del Senguer y optimizar el recurso.
“Sabemos que hay por lo menos 600 canales clandestinos”, afirma Kruger. “Uno de mis objetivos es regularizar las tomas ilegales”, responde Cittadini. “Los políticos nos han dicho que el Colhué Huapí volverá a tener agua, todos mienten”, afirma, con impotencia Kruger. “En menos de cincuenta años, hicieron desaparecer un lago, no queremos que pase lo mismo con el Musters”, concluye Gettig.
Este artículo, publicado por primera vez aquí, fue compartido como parte del World News Day 2021, una campaña global que destaca el papel fundamental del periodismo basado en hechos a la hora de proveer noticias e información fiables al servicio de la humanidad. #JournalismMatters