Mexico

To mark World News Day on September 28, 2022, the World News Day campaign is sharing stories that have had a significant social impact. This video was shared by Organización Editorial Mexicana (OEM):

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En norte y poniente del territorio tlaxcalteca aumenta la erosión de la tierra; desaparecen 450 hectáreas de agua. 

TLAXCALA, Tlaxcala.- Para algunos seres vivos el ecosistema en que habitaban llegó a su fin. Para la presa El Muerto ubicada en Tlaxco, su nombre lo dice todo, ya no hay vida acuática y la terrestre tuvo que abandonar ese lugar.

Las parvadas de aves migratorias que arribaban a el invierno se ausentaron; empero, algunas nativas permanecen ahí, entre un canal de aguas contaminadas a la espera de la muerte.

El ambiente en esta región del centro de México es desolador y duele a la vista. La tierra se está partiendo. Durante el estiaje no hay cura para este mal que cada día aumenta, porque no hay bosques y pocos siembran un árbol.

Desde el 2020 se respira aire caliente. Hasta el pastor que al despuntar la mañana visitaba el lugar resiente el cambio climático, no hay agua para que beban sus ovejas.

¡Y qué ironía! En la presa El Muerto, construida hace 35 años, un pescador dejó abandonada una barca, muy similar a la Barca de la Fe, edificada en la misma década, en ese lugar llamado San Andrés Buenavista.

Y ninguna autoridad decide sobre los estragos que enfrenta la madre naturaleza.

La única cura a estas profundas heridas es la lluvia, la que esperan con anhelo los hombres del campo.

Pero la panorámica se vive en la mayoría de los cuerpos receptores de agua pluvial en Tlaxcala, e incluye a las presas Sol y Luna, ubicadas en Panotla y Hueyotlipan.

Rezar quizá sea la mejor alternativa para los hombres del campo, aunque al santo que le piden San Isidro Labrador se conmemora hasta el 15 de mayo.

Para otro sector de la población, hay indiferencia de lo que pasa en esta sequía atemporal, donde muchos no se pueden explicar por qué se registran heladas, sequías y granizadas en una variación de horas.

El Sol de Tlaxcala estuvo ahí, para constatar con imágenes de las áreas, el daño colateral que se presenta desde que ha dejado de llover.

VIVEN DE LA PRESA ATLANGA 750 FAMILIAS

De la presa Atlangatepec subsisten unas 750 familias de la zona rural, quienes se dedican a la pesca, ganadería y campo desde hace 40 años.

El alcalde José Macías González reveló que la pérdida de agua en la presa preocupa a la población que la visita.

A pesar de ello, expuso que durante esta administración, su Gobierno apoyó con la siembra de un millón de crías al año para que cuatro agrupaciones pesqueras subsistan.

– “Hay contaminación por aguas residuales y flora acuática, evaporación por aumento de la temperatura, lo que ahuyenta la migración de aves por la falta de lluvia”

Asimismo, mencionó que, por ello, realizan trabajos de limpieza a fin de mantener libre de basura las inmediaciones del cuerpo de agua y denuncian a quienes la contaminan.

El cambio climático forma parte de la nueva agenda del gobierno de la República, pero no se han tomado medidas urgentes para solucionar el problema.

Contrario a ello, la actual administración de Andrés Manuel López Obrador canceló más de 70 millones de pesos a Tlaxcala por año, que eran utilizados para la construcción de zanjas, saneamiento de bosques y campañas de reforestación.

Desde 2018, la Coordinación General de Ecología reforesta la Malinche con unas 500 mil plantas, cuando el programa anual era de 4.5 millones de pinos.

CON EROSIÓN EL 76 % DEL SUELO

La sequía, las plagas y los incendios forestales, han incrementado los daños a la tierra.

Un estudio del Colegio de Postgraduados realizado por Angélica Gutiérrez del Valle, para obtener el grado de maestra en Ciencias de Montecillo, revela que Tlaxcala es uno de los estados con mayores porcentajes de degradación.

Un 76.8 % de la erosión hídrica es el principal proceso en 58 sitios muestreados en Huamantla, Terrenate, Tlaxco, Españita, Calpulalpan e Ixtacuixtla, precisa la investigación realizada en 2014.

En mayo de 1971, autoridades estatales inauguraron en presencia del entonces Presidente de la Nación, Luis Echeverría Álvarez, una de las obras más importantes del gobierno local: la Presa Cárdenas.

Construida por el extinto Recursos Hidráulicos prometía la irrigación de quinientas hectáreas con un beneficio directo para cien familias campesinas de la zona de Terrenate. La obra calificada como un modelo en su tipo y orgullo de la ingeniería mexicana fue hecha para almacenar tres millones de metros cúbicos de agua.

Aquella presa en miras de ser un importante suministro del vital líquido para los cultivos y un futuro turístico, hoy, a casi 50 años, se encuentra semivacía y abandonada. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la Presa Cárdenas se encuentra al 26 por ciento de su capacidad.

La sequía, derivada del cambio climático, ha secado 10 de las 16 presas registradas en Tlaxcala, de las cuales, en cuatro no hay ni un porcentaje mínimo de agua que avive las esperanzas de renacer.

El retraso de lluvias se agudiza afectando a cerca del 84 por ciento del país, cuyo sector más golpeado es el campo que ya padece la falta de lluvias desde 2020. Campesinos de la entidad vaticinan una menor producción agrícola, lo que llevará a una subida en los precios.

LA VIDA YA NO ES LA MISMA

La vida en el campo ya no es la misma de hace 10 años, las condiciones climáticas han venido a modificar el ciclo de siembra, principalmente del maíz, la semilla que ha dado sustento económico a familias en la entidad.

Don Francisco Aguilar, de la comunidad de Popocatla, en Ixtacuixtla, le preocupa que las lluvias no lleguen a tiempo, sobre todo porque sus cultivos no alcanzan el agua de riego proveniente de la Presa Mariano Matamoros, es tan poco el vital líquido que no logra abastecer sus terrenos.

En entrevista para OEM, don Francisco relata que en los últimos años ha tenido pérdidas milenarias, debido al retraso de lluvias. Lo que logra cosechar, apenas le alcanza para consumo propio y vender unos cuantos “kilitos” de maíz.

“El tiempo de secas” (sequía), como lo llama el octogenario, ha venido a afectar la siembra y su bolsillo, pues de los 15 mil pesos que invierte anualmente, no logra salir “tablas” de las ganancias ni se diga.

A estas alturas de su vida, en la que desde los ocho años aprendió de esta noble labor, sigue trabajando la tierra que lo vio nacer y le ha dado de comer, así como el recurso para brindarles el estudio a sus hijos.

Sin embargo, aunque el campo ya no es redituable, don Paco asegura que seguirá sembrando sus terrenos, cuya labor confía que sus hijos y nietos continúen en años posteriores. “Cuando nos acabemos los ‘viejos’ yo no sé qué va a hacer del campo (…) hoy a la juventud ya no le interesa… ya no es muy socorrido”.

Don Francisco invierte anualmente 15 mil pesos en la siembra de maíz, cantidad que en algunas ocasiones no recupera, debido a las pérdidas que le genera el “mal tiempo”.

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Encontrar personas que siembran tabaco en pequeñas producciones es complejo. 

SAN ANDRÉS TUXTLA, Veracruz.- Las plagas y los cambios de clima han hecho humo las ganancias de Jaime Olea Martínez, productor de tabaco de la localidad de Matacapan, en San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz. Debido además por los precios bajos, el productor en esta cosecha quedó “tablas” y tuvo que improvisar para hacerle frente a sus gastos.

Entrevistado mientras vende chininis y mamey a los automovilistas que recorren la Carretera Federal México 180 para capitalizarse, el campesino reconoce que sembrar tabaco a pequeña escala es una apuesta en la que se pueden tener pérdidas considerables.

¿QUÉ PLAGAS AFECTAN LA COSECHA?

Y es que, el acecho de las plagas conocidas como mosca blanca y pata negra han impactado de manera masiva en los últimos años y dejado muchas extensiones de tierra con muy poco rendimiento. A esto se le suma la inestabilidad climática de la zona y el hecho de que un temporal a destiempo puede acabar con toda una cosecha.

“Este año se sembró mucho pero no quedó casi nada y muchos quedamos colgados. (En la cosecha que va a empezar) Yo voy a sembrar pero ya no igual y ojalá nos vaya bien”, asegura Olea Martínez.

Originario de San Andrés Tuxtla, el campesino siembra tabaco desde hace 22 años. En el 2020 comenzaron las complicaciones con la tierra y le dio un descanso a su terreno de dos hectáreas sin embargo para este ciclo regresó. Como él, son muchos los campesinos que han dejado de manera temporal o definitiva la siembra de tabaco y han buscado otras alternativas de empleos en la región.

¿SE PUEDEN ABANDONAR LOS CULTIVOS?

Pese a la vocación tabacalera de este municipio, encontrar personas que siembran tabaco en pequeñas producciones es complejo. Mientras se recorre el territorio se pueden observar grandes extensiones de tierra en abandono u otras en la que la siembra es maíz o cacahuate.

El mercado del tabaco lo acaparan un par de empresarios que tienen territorios vastos con tabaco así como grandes galeras para su almacenamiento y fermentación.

“Se han abandonado muchas tierras por las plagas que hay y es que ya no tiene caso sembrar aquí cerca”, señala Olea Martínez.

Explica que el impacto de la mosca blanca y de la pata negra en los cultivos han provocado no sólo la pérdida de las cosechas sino que han dejado infectadas las tierras. Se trata, cuenta, de dos enfermedades que se pegan al tabaco, la primera conocida como la mosca blanca afecta a la planta cuando esta tiene aproximadamente 50 centímetros de altura y no la deja desarrollarse.

Se empieza a engrifar y ya no envuelve la hoja, se queda como la col y ya no funciona

comenta campesino

La otra gran amenaza es la pata negra, una plaga que afecta cuando el tabaco está por abrir capa y provoca daños como el del agua caliente en las plantaciones.

“Empieza una mata y se expande al grado de que todo se seca y es pérdida total”, dice Olea Martínez.

Ante esto, la opción para los campesinos ha sido invertir en productos para las plagas cuyos costos van de entre los 2 a los 3 mil pesos o rentar tierras de cultivos en zonas más lejanas. En esto último ha pensado Olea Martínez quien también se encuentra batallando con el rendimiento de su terreno ejidal.

Sin embargo, explica que la inversión que se requiere en cada cosecha aumenta de manera considerable ya que a los 150 mil pesos que se le invierten por hectárea se le suma la renta de la tierra que se encuentra en 10 mil pesos así como los viajes de camiones para bajar el producto ya listo.

Lo que se está haciendo ahora es irse a la montaña pero ahí se incrementan los costos de cultivos (…) por ejemplo las camionetas salen en tres mil pesos por días y necesitan de dos viajes para la cosecha. Ya no sale por eso mucha gente ya no quiere sembrar tabaco”, explica el campesino.

El clima es otra de las amenazas para el tabaco ya que el impacto de un temporal cercano a la fecha de la cosecha puede ocasionar que este entre húmero a las galeras y se pudra. Esto fue lo que sucedió en este ciclo y que trajo consigo pérdidas considerables para los campesinos,

“A nosotros como productores a veces nos va bien y a veces mal, dependiendo sobre todo del clima. En esta temporada hubo mucho tabaco pero se echó a perder por las lluvias. Lo que pasa es que entra húmedo y por más que le eches ganas sale el tabaco malo. Es ahí en donde perdemos”, dice.

¿VERACRUZ EXPORTA TABACO?

La producción de tabaco en el corredor comprendido de San Andrés Tuxtla a Catemaco se divide en al menos siete variedades. Se trata de tabaco de capa oscura, media banda oscura, morrón roto, morrón roto oscuro, banda clara, cuarta y pasado.

Siendo la banda oscura, banda clara, media banda oscura y el marrón roto oscuro los que tienen calidad de exportación en tanto los demás se quedan aquí en la zona.

El productor explica que el principal país comprador de tabaco es Nicaragua. Es ahí en donde los intermediarios mandan tras comprar las pequeñas producciones año con año.

En su caso, cuenta, siembra dos hectáreas de terreno y las clases buenas las vende entre 250 a 300 por kilo mientras que las demás termina rematándolas a precios mucho menores.

“Yo no exporto sino que se los vendo a los revendedores que aquí mismo te contactan. Exportar es un compromiso grande porque requiere tener varias toneladas que no se tienen y por eso hay quienes acaparan el tabaco y tienen el negocio de exportación”, explica.

Reconoce que de manera general, una hectárea de tabaco tiene un costo de cultivo de 150 mil pesos desde que se siembra hasta que se cosecha. Si todo va bien, esa hectárea dejará una ganancia neta de entre 100 a 150 mil pesos y de 80 a 90 mil en épocas con tiempo desvariado.

Sin embargo, hay cosechas -como la que acaba de pasar- en las que las ganancias son nulas y es ahí donde toca buscar otras opciones para poder hacerle frente a los gastos de la casa, la familia y poder capitalizarse para una nueva siembra.

“Yo además me dedico a vender frutas de temporada y a vender tabaco seco en rama a los artesanos que hacen puros aquí. Yo compro por paca a los que lo procesan y ahí me gano unos pesos que es con lo que la vamos sacando”, concluye.

La humedad de la zona hace al municipio de San Andrés Tuxtla un sitio privilegiado para la siembra de tabaco. Es en este punto donde se encuentra asentada la Fábrica de puros Santa Clara una parada obligada para conocer la elaboración artesanal de los puros cuya base es tabaco de la región.

“Lo que aquí se produce es habano mexicano, este es propio de la región y tiene muy buena calidad, solo que hay que darle una buena fermentación para que no pique o no amargue”, explica Santiago Baxin, supervisor de la producción en la fábrica.

En entrevista, explica que este proceso de fermentación lleva aproximadamente dos años y medio desde que se siembra la planta de tabaco hasta que está listo para formar un puro de buena calidad.

En este proceso, intervienen decenas de personas que se encargan de vigilar cada proceso a fin de lograr un producto que compita con cualquiera en el mundo. “Estos puros se venden donde quiera”, señala orgulloso el trabajador.

Sin embargo, es en México en donde menos quiere venderse el producto final. Prueba de ello es que entre el 60 a 70 por ciento de la producción se va a exportación a países como Francia, Japón, Bélgica, Lituania, España, Estados Unidos, Argentina y Cuba.

El resto se queda en el país y se comercializa especialmente en cigarrillos que son más económicos que un puro. “Aquí en México comprar un puro es caro y por eso se queda solo un 40 por ciento de la producción (…) por lo regular lo que se vende más aquí es del tipo cigarrillo que es más barato porque un puro cuesta 250 pesos mientras que los chicos están a 100 pesos”.

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Minera Gorrión se ha propuesto invertir 1,100 millones de dólares para extraer estos minerales en 14.5 años en Ixtacamaxtitlán, pero su población se opone por el daño ambiental que significaría. 

PUEBLA, Puebla.- Un olor a tierra húmeda atraído por ligeras rachas de viento invade el pueblo. El calor matutino apenas levanta el frío del amanecer que parece esconderse entre las sombras de un puñado de casonas de piedra y techos de teja, donde los gorriones trinan y revolotean.

Serán apenas siete calles urbanizadas, seguidas de algunos campos de cultivo y, más allá, pequeños montoncitos de caseríos que blanquean entre el paisaje, en medio de cerros verdeados por la temporada de lluvias que comienza, ahí se encuentra Ixtacamaxtitlán.

“Algunos le llaman San Francisco, por su santo patrón, pero en realidad su nombre es Ixtacamaxtitlán a secas, igual que el municipio al que le da nombre”, suelta Agustín Rodríguez, un campesino de unos sesenta años y pelo entrecano, pero cuya postura corporal pareciera la de un hombre entrado en los treinta.

“Este es el poniente”, explica con voz recia mientras mira de frente a la presidencia municipal. “De este lado queda el norte y para aquel otro el sur”, señala utilizando el brazo derecho para apuntar hacia uno y otro lado. “Y la mina queda allá por el lado de donde vinieron”, refiere Agustín, indicando el noroeste, mientras mira al entorno con dejo de molestia.

A dos horas y media de camino de la ciudad de Puebla, en el centro de México, luego de subir y bajar un camino que serpentea las faldas de la Sierra Madre Oriental se encuentra un gran arco de piedra con un letrero que da la bienvenida a los visitantes; apenas unos metros adelante está el bachillerato —la máxima institución educativa instalada en esta municipalidad— y basta dar vuelta a la derecha para casi estar en su zócalo.

POBREZA Y ABANDONO

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el municipio de apenas 25 mil habitantes cuenta con 59.1 por ciento de su población en pobreza moderada y otro 15.7 por ciento en pobreza extrema, mientras que únicamente 1.1 por ciento es considerado como “no pobres y no vulnerables”, el resto son vulnerables por ingreso o vulnerables por carencia social.

Aunque la población está dedicada principalmente a la agricultura y ganadería, es palpable el abandono gubernamental para impulsar el campo y la falta de oportunidades laborales.

Año con año sus jóvenes optan por migrar a ciudades como Apizaco, en el estado de Tlaxcala, Puebla capital y México, ya sea para trabajar o estudiar una carrera universitaria. La mayoría ya no regresa. Por ello, la llegada de la Minera Gavilán en 2001 —ahora llamada Minera Gorrión, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals Ltd— significó para algunos la posibilidad de ingreso económico y de permanecer en su comunidad.

“¿Comercio? No. Acá la mayoría se dedica al campo (…) se cultiva maíz, frijol, calabaza, chile, cebada y las frutas que se dan en la región como manzana y pera, aunque ya no tanto. Otros tienen sus chivos y gallinas”, describe el campesino Agustín, mientras hace una pausa como recordando.

“También por acá hay quienes hacen muebles… es una actividad que no se hace mucho, pero lo hacen algunos”, agrega.

Cuestionado sobre la existencia de riegos, invernaderos o proyectos productivos que hayan sido impulsados por instancias de gobierno, el campesino refiere que ninguno.

“Sólo el de Sembrando Vida”, implementado recientemente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que, según sus cálculos, beneficia a unos 200 habitantes del municipio.

Es casi medio año, las lluvias que han caído desde el 15 de mayo a la fecha apenas han logrado humedecer la tierra suelta que es arrastrada por los remolinos que se forman a eso del mediodía y que corren sobre las lomas como espíritus atribulados queriendo alcanzar el cielo.

Las barrancas, alimentadoras del río Apulco, han lucido secas durante los últimos dos meses “apenas las dos o tres lluvias que han caído, la última apenas hace tres días, es lo que se ve que está escurriendo”, explica Agustín.

En medio de esta situación se entiende por qué la llegada de la minera, desde hace más de 20 años, representó una oportunidad de trabajo para casi un centenar de personas que se sumaron a las labores de barrenación y exploración en los cerros ubicados entre Santa María Zotoltepec y Zacatepec, hasta que se confirmó la presencia de oro y plata.

La empresa comenzó a adquirir terrenos a pequeños propietarios en el cerro ubicado al poniente de Santa María Zotoltepec, una de las 130 comunidades esparcidas en este municipio.

Casi todos vendieron, excepto los vecinos de los predios donde estarían las tepetateras de la mina —material sobrante que se extraería del tajo a cielo abierto— y que serían los más afectados por el ruido de las máquinas y el polvo de la extracción. Entonces comenzó el conflicto.

MINERA EXTRAERÍA 7.8 MILLONES DE ONZAS AL AÑO

La empresa canadiense detectó en 2010 la mineralización de la zona, principalmente con oro y plata, pero no fue sino hasta ocho años después, en 2018, cuando confirmó la existencia de un tajo de 73.1 millones de toneladas de mineral. Esto es un promedio de producción, según los cálculos de la misma empresa, de 7.8 millones de onzas anuales a lo largo de 14 años.

Al precio actual que ronda los 36 mil 500 pesos por cada onza de oro, la producción de un solo año —si la mina fuera exclusivamente de oro— representaría 284 mil 700 millones de pesos, esto es más del doble del presupuesto anual del estado de Puebla, calculado en 104 mil 094 millones de pesos para este 2022.

El hallazgo fue realizado luego de que en 2001 el gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada le otorgó a la empresa canadiense una concesión de exploración en el territorio de la Sierra Norte de Puebla; del lado de las comunidades de Santa María Zotoltepec, Zacatepec, Tuligtic, Loma Larga y hasta Almeya, todas ubicadas al noroeste de la cabecera municipal y en 2009 el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le entregó una más pequeña, en coordenadas opuestas y que alcanzó al ejido Tecoltemi, un poblado ubicado a unos 8 km en línea recta, al sureste del cerro donde se ubica el proyecto.

“Una concesión no significa una mina… una concesión es un acto administrativo que te otorga la federación, pero que no tienes con eso ya el permiso de llegar y explotar. Muchas veces se confunde con eso”, explicó Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión, durante una entrevista realizada en febrero de este año para este mismo tema.

De acuerdo con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que fue ingresado en 2018 por la minera ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la realización del proyecto se contempla el uso de 466 hectáreas, en las cuales se marca un tajo a cielo abierto con una extensión de 133.68 hectáreas, justo entre los cerros de Zotoltepec. Además de la construcción de una desviación con un nuevo puente sobre el río Apulco y una línea de transmisión de energía, para evitar el paso de tránsito pesado por la comunidad.

En los 20 años que llevan de trabajos de exploración y de preparación, Minera Gorrión reporta una inversión aproximada de 40 millones de dólares y alistan 170 millones de dólares más para la inversión inicial que incluye las obras carreteras, acondicionamiento del terreno e instalación de maquinaria con la que evitarían una presa de jales, porque el proceso de selección del mineral sería en seco. A partir de entonces, la minera tendría autosustentabilidad y requeriría 1,100 millones de dólares más, para su operación, a lo largo de 14.5 años de vida.

Al respecto, Rosario Uscanga, directora de Responsabilidad Social Empresarial y Relaciones Comunitarias de Minera Gorrión, explica en entrevista que las obras contemplan la construcción de dos presas de agua. La primera con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 300 mil m3, para no utilizar la de los afluentes naturales en la actividad cotidiana, y la segunda, para almacenar aproximadamente 1.8 millones de m3 de agua, a fin de evitar la inundación del tajo.

Las operaciones y el mantenimiento de la segunda presa serán responsabilidad de la minera hasta la conclusión del proyecto, momento en el que sería entregada a las autoridades municipales, sin embargo, en el caso de que la presa no sea utilizada por las comunidades tendría que ser abierta para permitir el flujo libre del agua.

A lo largo de la etapa de exploración, la minera reporta la generación en Ixtacamaxtitlán de 75 empleos, la mayoría eventuales, mismos que se incrementarían a 600 para la etapa de construcción que duraría dos años y posteriormente se estabilizaría en 420 plazas, a lo largo del tiempo que dure la extracción.

DAÑOS A ‘PEQUEÑAS’ SECCIONES DE VEGETACIÓN

El desarrollo del proyecto generaría también un impacto ambiental por el acondicionamiento del terreno y la explotación del tajo a cielo abierto. De acuerdo con el MIA en el polígono de los trabajos sólo se registró una especie de flora de las 60 registradas en categoría de protección especial. Este es el cedro blanco. Asimismo, en fauna fueron detectadas siete de las 34 especies: cuatro de herpetofauna (salamandra pinta, serpiente de cascabel pigmea, camaleón de montaña y rana leopardo) y tres de aves (colibrí cola pinta, gavilán y tordo solitario).

“Ninguno de los impactos ambientales identificados como negativos se puede considerar como significativo”, afirma el Manifiesto de Impacto Ambiental.

Por otra parte, la minera reconoce que realizarán actividades altamente riesgosas que corresponden a aquéllas en que se maneja cianuro de sodio, una sustancia tóxica utilizada en el proceso de lixiviación o beneficio del mineral, pero que se encuentra en el primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas (LAAR).

La empresa puntualiza que los posibles accidentes generarían daños para el personal operativo, a la instalación y a pequeñas secciones de vegetación. Esto, considerando que los asentamientos humanos más próximos a la planta de beneficio están localizados en el poblado de Santa María Zotoltepec a aproximadamente a 2.6 km en dirección sureste y la población de Zacatepec, a una distancia de 3 km en dirección noreste. La minera afirma en el MIA que “no se pronostica afectación a los mismos”.

TECOLTEMI, SÍMBOLO DE LUCHA CONTRA LA LEY MINERA

Había transcurrido casi una década de la llegada de la minera a este municipio, cuando los pobladores comenzaron a escuchar sobre el otorgamiento de concesiones mineras en su territorio, asociadas con los llamados “Megaproyectos o Proyectos de Muerte” —nombrados así por organizaciones defensoras de los derechos humanos y los recursos naturales—.

Asesorados por organizaciones, los campesinos obtuvieron vía Transparencia la confirmación de dos permisos autorizados por la Secretaría de Economía, el primero en 2001 en la zona de Santa María Zotoltepec y el segundo en 2009 que alcanzó en su extremo al ejido Tecoltemi.

Las concesiones fueron otorgadas realmente a la canadiense Almaden Minerals Ltd, a través de una empresa subsidiaria constituida en México. Todo con base en la Ley Minera promulgada en 1992 que abrió las puertas a la inversión extranjera y desreguló la actividad extractiva que hasta entonces era exclusiva del Estado Mexicano.

Aunque originalmente la empresa fue bautizada como Minera Gavilán, la aparición de la resistencia indígena llevó a analizar la concepción que tienen las comunidades sobre esta ave de caza y obligó a cambiarle de nombre a Minera Gorrión, un ejemplar mejor apreciado por los pobladores y abundante en el municipio, como los que revolotean en el parque y anidan entre los techos de las casas.

Para entonces, ya existía todo un movimiento en contra de la minería en Ixtacamaxtitlán, mientras la empresa continuaba con la barrenación explorando el territorio.

Aunque la minera pidió a la Secretaría de Economía retirar la segunda concesión para evitar el conflicto, la comunidad interpuso un amparo, autoadscribiéndose como población indígena, a fin de llevar hasta las últimas consecuencias legales la entrega de esas concesiones, toda vez que la autoridad nunca consultó a las poblaciones afectadas. Así, en 2015, ya asesorados por organizaciones, la resistencia de Tecoltemi se convirtió en símbolo de la lucha contra la Ley Minera en México.

De acuerdo con lo reclamado en el amparo, “el contenido de los artículos 6, 15 y 19 fracciones IV, V, VI y XII de la Ley Minera es inconstitucional e inconvencional por contravenir el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, así como el derecho a la propiedad de los ejidos”, según explica la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, al señalar que “los planteamientos de Tecoltemi tienen como base la conciencia de sus derechos como comunidad indígena y como ejido, así como una realidad innegable de proliferación de concesiones mineras sobre el territorio del país”.

Tardaron casi siete años, entre problemas legales y el rechazo del MIA por la Semarnat, para que el caso fuera abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en febrero de 2022, cuando finalmente determinó suspender las concesiones de Minera Gorrión, hasta que la Secretaría de Economía realice una consulta previa e informada; sin embargo, la decisión de los magistrados fue no tocar la Ley Minera, aunque éste era el fondo de la lucha de organizaciones y de la comunidad indígena.

Hoy, la población en Ixtacamaxtitlán se encuentra dividida. Mientras un grupo apoya a sus vecinos de Tecoltemi, otros, los beneficiarios de la mina, reprochan la injerencia en su territorio de un ejido que se encuentra al lado opuesto del proyecto y que los ha dejado sin la oportunidad de un empleo o de evitar la migración de sus hijos.

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Migrantes de Centroamérica que huyen de la violencia de sus países enfrentan diversos avatares y situaciones difíciles, como extorsiones, robos y amenazas en su paso por Sinaloa. 

CULIACÁN, Sinaloa.- Hace algunos meses, durante la Pascua, cuando la mayoría de la gente está de vacaciones, José Robles, un hombre de 43 años, de oficio mecánico, tuvo que abandonar El Salvador para escapar de La Mara Salvatrucha. Sucedió cuando líderes de esta organización criminal, lo amenazaron de muerte por defender a su sobrina Talía, una menor de 16 años de edad que se había involucrado con las pandilla salvadoreñas.

Fue una tarde a fines de marzo pasado cuando José junto a su cuñada María, acomodaban la mesa para cenar unas latas de atún, alguien tocó a la puerta y al abrir, dos jóvenes entre 25 y 30 años preguntaron por Talía.

-Dígale que salga que tenemos que arreglar cuentas—dijo uno de ellos.

José llamó a la menor y en ese momento se armaron los alegatos, peleaban por unos teléfonos celulares que ella había cogido en una reunión y que los había vendido para sacar “plata”.

“La sacaron de las greñas y le empezaron a gritar, yo quise meterme para defenderla pero me fue peor, me dijeron que tenía dos días para desaparecer o que me iban a matar”, recuerda.

A Talía los maras le dieron un día para recuperar los teléfonos, mientras que José esa misma noche agarró lo poco que tenía en una mochila y abandonó El Salvador para tratar de llegar con su familia residente en Colorado.

La ruta de escape de San Salvador fue rumbo a Guatemala, el primer punto fue la ciudad de Antigua, luego bordeó por Quetzaltenango. Lo más difícil fue llegar a la frontera de Talismán para cruzar el río Suchiate y alcanzar Tapachula, Chiapas.

Pagó el poco dinero que traía para llegar a la Ciudad de México, donde el periplo continuó en autobús a Guadalajara. A partir de ahí fue puro tren. Montado en “la Bestia”, fueron días sin dormir en travesía por Nayarit y Sinaloa. En estación Sufragio, municipio de El Fuerte, esperó unos días para abordar el tren que lo llevó a Nogales, Sonora.

Fueron más las seis semanas que tardó en recorrer desde El Salvador a Nogales, en que la “migra” lo detuviera en el desierto y lo deportara.

José cuenta que ya no quiso intentar cruzar de nuevo, exhausto comenzó el camino de regreso. En la ruta de vuelta, recuerda que le robaron los pocos centavos que le quedaban y un celular en el que traía los números telefónicos de sus hijos, quienes viven en USA y con quienes planeaba reunirse.

Al llegar a Sinaloa decidió bajarse del tren en la sindicatura de Costa Rica, una localidad tranquila en la que buscar hacerse con algún dinero, comer y bañarse y donde ahora armado con un cartón en el que resume su viacrucis, pide dinero para sobrevivir y buscar tomar camino a su país.

José recuerda las desgracias que ha vivido en su travesía mientras recorre las vías del tren en la sindicatura de Costa Rica, a donde llegó en los primeros días de junio. No sabe si quedarse o irse a El Salvador, en un momento en que la situación de violencia y pobreza asfixia a miles de centroamericanos que en los últimos meses han abarrotado las estaciones migratorias de sur a norte del país.

La guerra entre pandilleros en su país que pelean por el control de la venta de drogas, no sólo ha provocado el desplazamiento de miles de personas, sino el recrudecimiento de las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukelele, que pugna por aplicar mano dura, una especie de “ley fuga” a los delincuentes.

“Vengo de El Salvador, soy de allá, yo soy migrante, no más que ya vengo de regreso, ahorita estoy viendo cómo nos vamos porque aquí en Costa Rica nos bajamos del tren, buscamos que comer y lavamos la ropa, a ver si nos vamos de regreso”.

VIVIR DE PASO

En los últimos meses en Costa Rica, al sur de Culiacán, comienzan a ser visibles los migrantes que han optado por quedarse para buscar trabajo y ganarse la vida, son pocos pero ya se observan en distintas zonas. La precariedad laboral se suma al acoso continuo de autoridades como Migración y la Guardia Nacional, dos de las dependencias que son usadas como fuerza de contención del actual gobierno para detener la ola de migrantes.

Por estos días de junio José ha buscado ganarse la vida con un trabajo honrado en algún taller de la comunidad. Se ha ofrecido a limpiar terrenos baldíos, cortar árboles o sacar la basura, pero sus esfuerzos han sido en vano, pues nadie le ha dado la oportunidad de obtener unos cuantos pesos a cambio de chamba. Por ello, ahora pide limosna en la vía del tren, haciendo tiempo en lo que, dice, le sale alguna oportunidad para seguir adelante.

LOS SIETE MESES DE FRANKIE

Frankie es un migrante hondureño que salió de San Pedro Sula cargando una mochila con tres mudas de ropa, algunos objetos de aseo y 500 dólares que le mandó su familia desde Nueva York, pero desde hace siete meses vaga por ciudades como la capital del país, Querétaro, Guadalajara y Tepic en espera de alcanzar la preciada frontera.

Llegó en mayo pasado a Culiacán, sin más remedio que asumir una condición de vagabundo, porque los últimos 200 pesos que traía se lo quitaron policías locales que le descubrieron un porrito de mariguana.

“He dejado a un lado mi orgullo para pedir dinero en la calle”, dice Frankie, de 33 años, quien duerme de momento en un hotel barato convertido en su casa en lo que resuelve su situación.

Los últimos cinco años vivió en Honduras, pero desde los cuatro fue llevado a Estados Unidos con su familia. Lo deportaron de Nueva Jersey a los 28 años, y ahora hace el camino del Pacífico para entrar por Mexicali a Calexico.

“Es muy difícil la situación, desde que uno entra a México la Guardia Nacional te está cobrando, los de Migración, todo lo que traía me lo fui gastando en pagarles hasta Ciudad de México, ya de ahí a Culiacán ha sido más fácil, pero llevo siete meses en la calle”. Entre sus recuerdos dice que estudió en Estados Unidos hasta la High School.

De conseguir un empleo en Sinaloa, no la pensaría para quedarse más tiempo, en lo que toma fuerza y sigue, porque allá tiene una hija.

“Pero qué pasa que nosotros no podemos trabajar, no nos dan trabajo”, dice el joven afrodescendiente, quien muestra su rostro para la foto, “porque yo soy trabajador, no delincuente”.

LOS OPERATIVOS NO PARAN

Culiacán es un paso obligado para miles de migrantes centroamericanos que van hacia la frontera pero también de otros como José Robles, uno de los cientos que pasan por la capital sinaloense, que intentan regresar a su país. Son náufragos de una necesidad que buscan asidero en la economía local.

Desde hace meses la Guardia Nacional y Migración arreciaron los operativos para cazarlos. Se sabe que algunos detenidos alcanzan a librar ser deportados si traen con qué pagar.

En la estación de Ferromex de la capital del estado cada vez bajan menos, optan por dejar el tren antes de llegar a la ciudad, porque los operativos se han incrementado de tres meses a la fecha. En un recorrido realizado por las vías que atraviesan Culiacán personal de la empresa ferrocarrilera que mueve un volumen gigantesco de productos agrícolas por todo el país, señala que son escasos los migrantes que hoy en día pasan.

“La gente que viaja en el tren no es maliciosa, se bajaban para comer o bañarse, pero desde hace ya varios meses no se bajan, les da miedo el ejército, la Guardia”, dijo uno de los trabajadores.

Años atrás ciudadanos que se dedicaban a obras de caridad recorrían las vías de esta estación brindando cobija y comida a los migrantes, sin embargo hoy el panorama es desolador, apenas unas cuantas casas de indigentes que ahí duermen, pero nada más.

UN REMANSO PARA LOS MIGRANTES

El Padre Miguel Ángel Soto Gaxiola, de la Iglesia del Carmen, confirma que ha bajado la afluencia de centroamericanos, de hecho éste fue uno de los motivos por el cual cerraron La Casa del Migrante, un sitio de descanso para los viajeros que sueñan con la frontera.

Ahí se podía descansar, pasar la noche, obtener vestimenta limpia y hasta alimentarse antes de partir. Pero ahora, hay algunos que se acercan al comedor comunitario que ofrece dos comidas diarias.

“Los migrantes que vienen aquí, vienen en busca de comida, de agua, llegan hambrientos, ninguno llega al templo para hablar con Dios, aquí los ayudamos, les compramos el pasaje en caso de ser necesario, lo hacemos con grupo Estrella Blanca, la mayoría de los pasajes que compramos, son para mujeres y niños o hermanos que realmente lo requieren”, relata el sacerdote.

En algunos casos, la Iglesia ha ayudado a algunos migrantes a conseguir un trabajo, ahorrar para seguir con su vida azarosa por los confines del país.

“Hemos tenido migrantes que han trabajado en hoteles de cinco estrellas, que fueron deportados, aquí los canalizamos a restaurantes y trabajan, se están varios meses, hacen su dinerito y se van, pero ya no en calidad de migrantes, ahora pueden comprarse un pasaje en avión o camión, sin mendigar o sufrir”, comenta el padre.

Según los registros de apoyo de la iglesia católica, son varios los tipos de migrantes que llegan a Culiacán:

1. Migrantes que llegan al aeropuerto de la ciudad para realizar negocios.

2. Migrantes deportistas, que llegan a la ciudad para competir en algún deporte o persiguiendo el sueño en el área del básquetbol, béisbol o fútbol.

3. Migrante estudiante, que busca una oportunidad educativa más barata y accesible que en su ciudad natal, la mayoría provienen de otros estados.

4. Migrante charola, viajeros que mayormente se plantan en los cruceros de la ciudad pidiendo limosna, estos se hospedan en hoteles baratos y viajan de municipio en municipio, como un modo de vida.

5. Migrantes de huida, aquellos que salen de su país huyendo de la justicia, por la comisión de algún delito.

6. Migrante pasajero, aquellos que bajan de los trenes en busca de agua y comida y que siguen su camino al día siguiente.

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Son madres, hijas, hermanas y esposas las que se arman de palas, picos y varillas. 

MATAMOROS, Tamps.- Tamaulipas vivió en 2010 una de las páginas más negras de su historia: 72 migrantes asesinados y enterrados en fosas en el municipio de San Fernando, el homicidio de un candidato priista a gobernador a pocos días de la elección y el recrudecimiento del olvido de las carreteras, caminos de nadie donde la gente desaparecía para jamás volver. A más de una década, un grupo de mujeres identificó un campo de exterminio donde avivó la esperanza de encontrar los restos de familiares ausentes: La Bartolina. 

La ruptura entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, así como la lucha por el territorio en la frontera norte con Estados Unidos e incluso al sur con Veracruz, convirtió a los 43 municipios de Tamaulipas en una zona de guerra, donde los enfrentamientos, secuestros y tiroteos fueron parte del día a día de los tamaulipecos. 

UN CAMPO DE EXTERMINIO

La Bartolina es un terreno ubicado en el ejido El Huizachal, a alrededor de 20 minutos de la zona urbana de Matamoros, en el camino a playa Bagdad y a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, con Brownsville, Texas. Ahí la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), organismo que coordina, junto con las diversas autoridades federales y estatales, acciones de búsqueda de todo tipo con la finalidad de dar con la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, reportó el hallazgo en el 2021 de media tonelada de restos óseos en cinco años de intervenciones esporádicas. No obstante, advertía que debido al espacio y amplitud de la zona las fosas podrían ser mucho más. 

Incluso se habló de la posibilidad de que, por su cercanía con un cuerpo de agua, gran cantidad de restos humanos hubieran sido arrastrados o estuvieran en el fondo, complicando aún más las labores de ubicación. 

De acuerdo con la CNB, en México existe una crisis de desaparición de personas, que asciende a más de 93 mil personas, de vidas y de familias sufriendo la ausencia y la grave violación de derechos humanos que implica la desaparición. Según sus datos, la mayoría de estas desapariciones han sucedido a partir del año 2007.

La violencia originó miles de historias de familias, marcadas por tragedias como la lucha por el reconocimiento y búsqueda de los desaparecidos. Uno de esos casos es el de la familia de Roberto Quiroa, quien tras haber sido secuestrado dos veces en Reynosa, Tamaulipas, y liberado con el pago de rescates, en la tercera ocasión nunca volvió, no ha regresado y nada se sabe de él desde mayo de 2014. 

Su madre Rosa y su hermana Delia iniciaron una travesía para buscarlo, la que las puso un día de frente a La Bartolina. 

LA SÚPLICA AL CRIMEN ORGANIZADO

Pese al constante hallazgo de restos óseos, este lugar era sometido solo a dos diligencias por año, lo que llevó a Delia Quiroa, ya como representante del colectivo de buscadores Diez de Marzo, a pedir permiso al grupo armado Los Ciclones para entrar al predio y excavar con sus propias manos. 

Aunque no hubo una respuesta expresa, el silencio les dio valor y el 12 de agosto de 2021 buscadoras, buscadores, familiares, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) custodiados por la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Tamaulipas ingresaron al campo de exterminio, acompañados por reporteros de Organización Editorial Mexicana (OEM): en menos de 30 minutos en el predio agreste los integrantes del contingente encontraron algunos huesos. Metros adelante había zapatos, algunos de mujer; estos hallazgos confirmaron a los buscadores que ahí había ocurrido algo terrible y aún había pruebas que preservar.

Drones sobrevolaban la zona para buscar desde el aire posibles fosas, mientras en tierra las madres, hermanas, esposas y demás familiares, en su mayoría mujeres, con picos, palas e incluso las manos buscaban cualquier indicio que pudiera dar cuenta del paradero de sus desaparecidos. 

En esos primeros días concurrieron historias terribles, como la de Martha, quien buscaba a siete de sus familiares desaparecidos, mientras los grupos de búsqueda llamaban a madres texanas a acudir a La Bartolina para unirse a las labores de rastreo. 

Esta búsqueda, que duró dos días y que la OEM documentó palmo a palmo, se convirtió en un hecho mediático, en un acontecimiento internacional que desenterró la tragedia de los desaparecidos en México, algo que ha existido desde hace décadas, pero que muchos optaron por ocultar bajo la tierra. 

LA VISITA DE LA ONU Y DILIGENCIAS PERMANENTES

La divulgación de la tragedia que en esa zona existe generó que representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acudieran a 13 entidades de México, entre ellas Tamaulipas, para reunirse con familiares de los desaparecidos.

En su informe final, la ONU recomendó que el país abandone el enfoque de la militarización como modelo de seguridad pública, ya que esto ha sido ligado con faltas a los derechos humanos.

Las prioridades planteadas por la ONU señalan que se deben tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos, sensibilizar sobre las desapariciones e implementar debidamente el marco normativo.

LA BÚSQUEDA SIN FIN 

Hasta ahora, los científicos de la FGR han integrado 220 perfiles genéticos en las osamentas encontradas, sin embargo, los nombres y su origen se desconocen. Roberto Quiroa sigue ausente. Delia y su madre, que de rodillas pidió el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, continúan en la línea de fuego, sin titubear, pues saben que el camino pudiera ser aún más largo, ya que Tamaulipas es una tierra donde hay 12 mil 260 personas con reporte de desaparición.

Actualmente, las diligencias en La Bartolina son permanentes y realizadas por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la observación de colectivos de buscadores, y a un año de esa inédita intervención, solo dos personas han sido identificadas. 

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Son madres, hijas, hermanas y esposas las que se arman de palas, picos y varillas. 

Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas están compuestos en más de un 90% por mujeres.

Son madres, hijas, hermanas y esposas las que se arman de palas, picos y varillas para buscar hasta por debajo de la tierra.

Angélica comenzó en esta labor hace tres años y lo hizo por una amiga y su hija que desaparecieron en Tijuana.

“Mi amiga apareció al mes desafortunadamente calcinada y a la niña un año después la encontramos viva, desde ahí he acompañado a las demás familias”.

Angélica ha notado que siempre son mujeres las que salen a buscar a sus seres queridos, usualmente los varones se quedan en casa. Dentro de los colectivos se tejen redes para protegerse entre ellas.

“Creo que es el amor el que nos hace invencibles, ellas entran a los lugares menos imaginados, escarban en la tierra y atraviesan los lugares más áridos”. 

Las mujeres que integran los colectivos de búsqueda no piden comodidades ni tampoco labores sencillas, solo las herramientas para seguir en la labor de regresar a casa a quienes un día salieron y ya no regresaron.

PERDEMOS EL MIEDO

En menos de dos años, María del Rosario Gutiérrez Urías, se volvió casi experta en identificar huesos, olores y los rastros que puede dejar un cuerpo humano que es calcinado.

El conocimiento lo adquirió al sumarse a los colectivos de búsqueda a raíz de la desaparición de su hijo, Jesús Gabriel López Gutiérrez, visto por última vez en Guaymas, Sonora en 2020.

María del Rosario también perdió el temor a escarbar y encontrar restos humanos, hoy los considera tesoros.

“Tuve fuertes impresiones pero perdemos el miedo, lloramos pero nos alegramos porque es alguien que va a regresar a casa”. 

María del Rosario vino desde Guaymas a Mexicali porque hoy no solo busca a su hijo sino a todos los demás desaparecidos.

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En la ciudad nadie quiere hablar de lo ocurrido en 2011 y todavía persiste el temor. 

ALLENDE, Coahuila.- Sólo fincas abandonadas y destruidas y el silencio autoimpuesto de los habitantes de Allende queda luego de la masacre perpetrada en esta ciudad del norte de México hace ya más de una década por Los Zetas, en una venganza contra un soplón.

En una redada, la DEA decomisó más de 800 mil dólares en efectivo que iban ocultos en un tanque de un vehículo conducido por uno de los miembros del cártel, quien identificó a su jefe como José Vázquez Jr., alias El Diablo.

Vázquez Jr. era el distribuidor de cocaína más grande de Los Zetas en Texas, por lo que los agentes estadounidenses lo vieron como una gran oportunidad para llegar a los líderes del cártel y capturarlos.

La DEA presionó a El Diablo con la amenaza de meter a la cárcel a su esposa y su mamá si éste no les proporcionaba información de los Treviño Morales. Éste aceptó y convenció a Héctor Moreno, otro miembro de Los Zetas, de entregarle los números de rastreo de los celulares de sus jefes.

Moreno se encargaba de comprar celulares nuevos cada 15 días a los Treviño Morales para evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas.

El Diablo entregó a la DEA la información de los celulares y estos compartieron los datos con una unidad de la Policía Federal de México para que los rastreara y detuviera. Sin embargo, los agentes mexicanos informaron al cártel sobre la filtración de información, lo que desató la rabia de los líderes. El cártel de inmediato supuso que Héctor Moreno y José Luis Garza habían sido los “soplones”.

Garza era de Allende y formaba parte de una familia adinerada que se dedicaba a la ganadería y minería de carbón. Los hermanos Treviño Morales planearon la venganza en contra de sus delatores, enfocando primero su artillería en contra de la familia Garza y cualquiera que tuviera algún vínculo con ella.

Allende se encuentra a 383 kilómetros de Saltillo, la capital de Coahuila, al norte de México, y a 649 kilómetros de Torreón. Llegar ahí no es sencillo. En la señalética que está en la entrada del municipio precisa que, según el Censo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en el 2020 había 42 mil 756 habitantes. El letrero, que todavía muestra los balazos de los encontronazos entre grupos delictivos y autoridades, está a menos de veinte metros de un retén militar y a 100 metros del cuartel de la Policía Civil de Coahuila.

Así fue que el viernes 18 de marzo decenas de criminales llegaron al poblado, localizaron las propiedades de los Garza y secuestraron a todo aquel que estaba en su interior.

Para en la noche se podían ver las llamaradas a lo lejos que salían de los ranchos. Los sicarios no hicieron distinción: hombres y mujeres, ancianos y niños, todo aquel con apellido Garza y que tuviera relación con la familia fueron desaparecidos y asesinados.

Incluso desaparecieron estudiantes, deportistas, profesionistas y pobladores que nada tenían que ver con los Garza y su único error fue haber estado esa noche en la calle.

La mañana del sábado 19, retroexcavadoras comenzaron a demoler las propiedades de los Garza: bodegas, casas, negocios y quintas de descanso.

Luego, los criminales incitaron a los pobladores a que las saquearan. Familias enteras entraron a las fincas por televisores, electrodomésticos, muebles y hasta el cableado. No quedó nada.

LA INACCIÓN

Del 18 al 22 de marzo en Allende y Piedras Negras se recibieron en el Sistema de Emergencias 089 un total de mil 451 reportes de auxilio que nadie atendió.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la policía municipal participó activamente en la desaparición de personas según la recomendación 10-VG/2018.

Después de consumar la masacre, el pueblo enteró calló por años. Aunque era un secreto a voces, nadie hizo nada. Ni autoridades ni fuerzas de seguridad se atrevieron a enfrentar al que era entonces el cártel más poderoso y sanguinario del país, pese a que algunos familiares de las víctimas habían interpuesto denuncias en la agencia del Ministerio Público en Piedras Negras.

En la mayoría de los casos de desaparición los familiares no denunciaron por temor de ser rastreados y asesinados y fue hasta principios de 2014 que se dio a conocer mediáticamente la masacre ocurrida en Allende.

La ahora Fiscalía General de Justicia tiene registro de 28 personas desaparecidas en ese fin de semana y 42 entre enero del 2010 y agosto del 2012. La cifra se basa en las denuncias que recibió la dependencia.

Activistas y colectivos de búsqueda de desaparecidos estiman que pudieron ser cientos las víctimas de aquel fin de semana, pero es fecha que el número es impreciso.

MÁS DE UNA DÉCADA DESPUÉS

Luego de más 10 años la población sigue en alerta: cuando ven a un vehículo que no porta placas de Coahuila o de Texas sus rostros cambian, se alejan y los visitantes que curiosean por la ciudad son vigilados en todo momento por hombres desconocidos.

Aún se desconoce cuántas personas fueron víctimas de la matanza. La cifra oficial de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila es de 28, sin embargo, asociaciones civiles y colectivos de búsqueda de desaparecidos señalan que fueron más de 90 y que la masacre no se limitó a los tres días de violencia en Allende, sino que fueron meses de plagios y asesinatos en todo el norte del estado.

De esas propiedades, aseguran los lugareños, sacaron a familiares y personal de servicio: empleadas domésticas, vigilantes, choferes, jardineros y jornaleros. Resultado de esa cacería, decenas de personas desaparecieron y todavía no se sabe nada de ellas.

Después de una década, las fincas todavía lucen destruidas, llenas de basura. Éstas propiedades contrastan con las que están a su alrededor. Son inmensas en comparación con las viviendas de interés social y tienen detalles de casas estadounidenses, tendencia marcada por su cercanía con Eagle Pass, Texas.

Al ver llegar a los reporteros de El Sol de La Laguna, los vecinos se metieron a sus casas y cerraron puertas y ventanas. No saben nada o en esas fechas estuvieron “fuera de la ciudad”, es la respuesta de quienes quisieron responder a la prensa, que sólo pudo llegar a Allende con el apoyo de personal de seguridad del estado que los escoltó.

En la calle Nogalar, donde había una quinta de descanso del “soplón”, los perros de las casas de enfrente empezaron a aullar y los móviles de viento, usados comúnmente como amuleto para ahuyentar las malas vibras, comenzaron a sonar.

El miedo de los pobladores es justificado, pues es reflejo de los desaparecidos que se han registrado en los últimos meses en la región. Sigue siendo una zona de riesgo.

Las familias de los desaparecidos tienen todavía la esperanza de saber qué fue lo que les pasó, porque viven con dolor y no han logrado cerrar el ciclo. Aun así, tienen miedo de hablar.

LAS CICATRICES

Además de las fincas destruidas, que persisten como cicatrices de una herida grave, en la ciudad hay dos memoriales. Uno en la plaza principal, construido el 27 de junio de 2019. Tiene cuatro columnas, donde versa una palabra en cada una de las columnas: Verdad, justicia, reconciliación y no repetición.

A su costado izquierdo, viéndolo de frente, tiene una placa que dice: “Por las violaciones graves a los Derechos Humanos posteriores en los municipios de Allende, Piedras Negras y la Región Norte del Estado de Coahuila, así como por las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas con posterioridad. El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza reafirma el compromiso a las víctimas de desaparición de un ser querido, para garantizar sus derechos de justicia, verdad, reparación de daño y no repetición”.

El otro es un obelisco situado a la salida de Allende, a menos de un kilómetro de llegar a Morelos. Se edificó en octubre de 2015; fue gestionado por la asociación civil “Alas de Esperanza” y construido por el Gobierno del estado y la autoridad municipal de ese tiempo.

Tiene una llama hecha de latón y una placa que reza: “En memoria de nuestros seres queridos. Pueden pasar los días y podrá separarnos la distancia pero siempre nos unirá ‘El amor y la Esperanza’. Todos unidos por la paz ‘Alas de Esperanza’”.

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Durante 2021 en México se registraron 25 asesinatos y más de 238 ataques a defensores del medio ambiente, con lo que el país ya es el segundo más inseguro del mundo para los ambientalistas.

Durante 2021 en México se registraron 25 asesinatos y más de 238 ataques a defensores del medio ambiente, lo que lo convierte en el año más peligroso para ser activista ambiental en el país. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la mayoría de los ataques se engloban en los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca y Sonora.

Uno de los casos más sonados fue el de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca y administrador de la reserva El Rosario en Ocampo, Michoacán, quien trabajaba en contra de la tala ilegal de árboles en dicha entidad, hasta que fue encontrado sin vida después de haber desaparecido durante dos semanas.

Sin embargo, se trata de un fenómeno mundial. En 2019, la ONG Global Witness registró 212 homicidios a ambientalistas y para 2020 la cifra aumentó a 227 lo que se traduce en más de cuatro ambientalistas asesinados por semana a nivel global.

En 2019 los países con más ataques registrados fueron Colombia y Filipinas, aunque para 2020 México subió de puesto y se convirtió en el segundo país más inseguro para ser defensor de la tierra.

Con más de 30 ataques letales, México registró un aumento del 67 por ciento respecto al año anterior, siendo la explotación forestal la causa relacionada con ellos.

Aunque hoy en día los ataques cubren una amplia gama que va desde vigilancia, robo de información e intimidación hasta violación sexual, acoso y asesinatos, el informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales publicado el 2021 por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la intimidación, el hostigamiento y las agresion físicas son las tres agresiones más comunes en México.

SIN APOYO

Pero ¿qué es lo que ha disparado estos ataques? y ¿quién los está provocando?

“Esta situación ha aumentado en México por la impunidad y porque no recibimos ningún tipo de protección hasta que tenemos amenazas de muerte o sufrimos agresiones físicas, dijo a El Sol de México Aurélien Guilabert, activista ambiental, politólogo y maestro en Gestión de Proyectos y Cooperación Internacional.

Destacó que el rol que se le ha impuesto al ambientalismo por parte de los gobiernos es un factor que influye para el incremento de los ataques.

“Se ha estigmatizado el activismo por medio de discursos que desacreditan nuestro trabajo y lo desvirtúan diciendo que respondemos a intereses privados o de algunos partidos políticos cuando no es así, aunque esas palabras ya resonaron en muchos ciudadanos”, agregó.

Datos de la CEDMA muestran que desde el inicio de la actual administración, más de 58 activistas ambientales han sido asesinados en el país.

Asimismo, en México, el 95 por ciento de los casos presentados a la Fiscalía General de la República permanecen en impunidad según señala la organización México Evalúa.

“En el país apenas existe la justicia ambiental y aunque ya haya alrededor de 163 criterios reconocidos por la Suprema Corte en términos ambientales, es un problema de estado de derecho en donde no se están cumpliendo los derechos de las personas ni de la naturaleza ni de los pueblos indígenas”, añadió Guilabert.

Hoy en día, en México tampoco se apoyan las acciones en pro del medio ambiente. Tan sólo de 2018 a 2021 las áreas encargadas del medio ambiente tuvieron importantes recortes presupuestales, un indicador de la prioridad que tiene la naturaleza para el país.

INDÍGENAS, LOS MÁS AMENAZADOS

Diversas comunidades indígenas alrededor del mundo pelean sus tierras y recursos naturales con las grandes empresas y gobiernos que atentan contra el medio ambiente. Por ello son de los grupos más afectados y menos visibilizados al ser intimidados o agredidos.

Del total de agresiones a activistas en 2021, el 46.3 por ciento fue dirigido a miembros de comunidades indígenas, lo que supera las agresiones hacia miembros de integrantes de organizaciones de la sociedad civil y hacia defensores independientes.

Asimismo, durante 2020 más de un tercio de los ataques perpetuados fueron dirigidos hacia ellos.

“Se abusa de ellos pensando en que son fáciles de abusar, cuando ellos son quienes han contribuido a que cada uno de nosotros siga aquí. Las comunidades indígenas no le ponen un valor económico a un árbol o a un manglar; ellos cuidan la tierra porque la aman sin intereses políticos o internacionales de por medio”, dijo a esta casa editorial Natalia Lever, especialista en relaciones internacionales, sostenibilidad y cambio climático.

Fidel Heras Cruz fue el primer activista perteneciente a una comunidad indígena a quien le fue arrebatada la vida en 2021 y el primero de cinco defensores del Río Verde asesinados los primeros meses del mismo año.

Los cinco activistas vivían en una comunidad en Oaxaca con presencia de grupos de mixtecos, chatinos y afromexicanos.

Otra de las víctimas es Irma Galindo Barrios, defensora indígena que denunció la tala clandestina en los bosques de San Esteban Atatlahuca en Oaxaca, y quien está desaparecida desde el 27 de octubre de 2021.

Una de las comunidades más amenazadas hoy en día en México es San Esteban Atatlahuca, en donde los pobladores se oponían a la tala clandestina de árboles de la zona, por lo que fueron amenazados y hostigados entre el 21 y 23 de octubre del 2021.

Por su parte, en los estados de Yucatán y Quintana Roo, quienes han manifestado oposición a las obras del Tren Maya están sufriendo un incremento de estigmatización, amenazas y procesos de criminalización.

URGE PROTECCIÓN LEGAL

Ante este panorama, los ambientalistas del mundo exigen sistemas legales que los protejan para que defender la naturaleza no sea una labor mortal.

“Se necesita un sistema de protección accesible y desde un enfoque de prevención que no solamente responda a amenazas de muerte o a delitos ya cometidos”, dijo Guilabert.

Sin embargo, el desinterés por la naturaleza y sus defensores no es exclusivo de un gobierno o de una empresa. Los grupos delictivos también representan un riesgo, ya que en más de una ocasión se han enfrentado con ellos.

En diciembre del 2021, en Perú, el presidente de la Organización Regional Aidasep Ucayali, Berlín Diquez, aseguró que más de 15 ambientalistas de las comunidades nativas de Huánuco y Ucayali fueron amenazados de muerte.

Además indicó que esas zonas han sufrido tala desmedida por parte de los narcotraficantes, ya que ahí obtienen sembradíos de diferentes drogas.

“Debe existir sensibilidad hacia el tema por parte de los cuerpos policiacos y todo el poder judicial para que tengan un mejor trato con todos los ambientalistas que acuden a denunciar, pero sobre todo con las personas pertenecientes a las comunidades indígenas, quienes en muchas ocasiones no son escuchados”, explicó Guilabert.

El 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe adoptaron en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Laina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú.

Este garantiza el acceso a la información y los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Hoy en día el acuerdo ya fue firmado por 24 países de latinoamérica y busca extenderse a más regiones.

NADA LOS DETIENE

Aunque las agresiones son cada vez más constantes, también son más visibles, lo que genera en la población mayor apoyo y empatía hacia los defensores de la naturaleza.

“Las nuevas generaciones no van a permitir que esto siga pasando, porque ellos entienden el valor de los ecosistemas y de la naturaleza. Ellos son quienes van a seguir movilizando al activismo y van a seguir replicando la valentía, dignidad y trabajo de sus antecesores”, dijo Lever.

Otra de las estrategias para fortalecer los movimientos es trabajar en conjunto con otras causas, es decir; ir de la mano de otros ambientalistas, así como personas de la comunidad LGBT+ y feministas, entre otros, para que se creen diálogos solidarios y de apoyo mutuo.

“Más allá de generar una conciencia individual, también tenemos que escoger a personas que tengan como prioridad al medio ambiente; personas que lo entiendan y lo cuiden, y que también estén interesadas en guiar proyectos que garanticen un futuro seguro y sano para todos”, puntualizó Lever.

Los efectos del cambio climático se están acelerando y la población ya está sufriendo las consecuencias, por lo que hay que dar visibilidad y dignificar el trabajo de cada uno de los y las ambientalistas del mundo.